Vender facturas por transacciones ficticias es uno de los delitos detectados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), y quienes son parte de esta actividad ilícita, son denominadas empresas fantasmas. Desde 2016, se han detectado 1.092 presuntas compañías y personas que reportan ventas inexistentes, con lo cual, están relacionados con varios tipos de defraudación tributaria. El Departamento de Gestión Tributaria del SRI le sigue el rastro, identificando casos en los que el crimen organizado usa estas compañías de papel para lavar activos y camuflar sus actividades ilícitas. Sin embargo, se trata de un proceso de detección que puede llevar hasta seis meses. En su portal detallan que las facturas falsas emitidas han representado USD 3.715 millones para 22.309 clientes.
De ese monto, el SRI ha gestionado USD 943 millones. Pese al trabajo realizado por el SRI, formando parte de la mayoría de las 4.249 denuncias de defraudación tributaria recibida por la Fiscalía General desde 2020, son pocos los casos que llegan a ser tratados en una sala de audiencias. Según datos disponibles en el Portal Estadístico del Consejo de la Judicatura, solo se han ingresado 192 casos de defraudación tributaria en el mismo periodo. De ellos, al menos 34 han recibido sentencias, que varían de tres a cinco años. Un panorama similar ocurre con el delito de lavado de activos. La Fiscalía ha recibido 316 denuncias, pero 148 han llegado a una unidad judicial. En este grupo de empresas fantasmas hay compañías que simulan ser prestadoras de servicios o exportadoras de productos como banano que van a Europa. La mayoría de estas compañías son detectadas en Guayas, Pichincha y El Oro, aunque también se han reportado en Santo Domingo de los Tsáchilas en los últimos años. Según el SRI, cada año aparecen unas 50 nuevas empresas fantasmas en promedio.
