La Corte Constitucional (CC) fijó una nueva fecha para la audiencia que analizará la demanda de acción de inconstitucionalidad presentada por el sector exportador, contra dos artículos de la Ley de Banano. El trámite que estaba previsto para este viernes 31 de enero de 2025 fue trasladado para el próximo 5 de febrero.
Se trata de un pedido de inconstitucionalidad que en septiembre de 2022 fue interpuesto por Richard Salazar, director de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), en el que cuestiona las elevadas sanciones que impone el artículo 4 de la ley, por el incumplimiento del Precio Mínimo de Sustentación (PMS) -fijado en $7,25 para este año- y el artículo 7, por descuentos no autorizados en los pagos.
El tratamiento de esta solicitud, generó que productores de El Oro, Guayas y Los Ríos, se reunieran en Guayaquil el pasado jueves, para manifestar u rechazo a esta iniciativa que, según advirtieron, “beneficiaría únicamente a los comercializadores, permitiéndoles establecer precios a su conveniencia y dejando desprotegido al sector productor”.
¿Cuáles eson estas multas?
El artículo 4 establece sanciones severas para quienes reincidan en el incumplimiento del pago del Precio Mínimo de Sustentación, incluyendo la obligatoriedad de realizar pagos a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI). En caso de violación, la norma impone multas que van de 25 a 50 veces el monto incumplido. Por otro lado, el artículo 7 sanciona con un 500% del monto descontado de manera arbitraria a los productores.
Segundo Solano Gavilánez, presidente de la Asociación de Bananeros Orenses, teme que con la eliminación de estas sanciones, el precio spot o de libre compra-venta se imponga en el mercado, permitiendo pagos de apenas 1 o 2 dólares por caja de banano. Cabe recordar, dijo, que previamente la Asamblea Nacional ya había archivado un proyecto de ley que pretendía legalizar el precio spot, lo que fue celebrado por los productores como una victoria en la defensa de su sustento. “Ahora, a través de la Corte Constitucional, los comercializadores intentan una nueva estrategia para debilitar las regulaciones que garantizan el pago justo”, señala el gremio.
¿Qué dice el sector exportador? Richard Salazar, director de Acorbanec desmiente esto último. “No es que estamos diciendo que se anulen las sanciones ni mucho menos, sino que específicamente sea más proporcional en función de la infracción.
