El asesinato de cinco personas en un bus interprovincial, en la vía Babahoyo – San Juan, en la provincia de Los Ríos, echó gasolina a la relación del Gobierno con los transportistas. Hoy amenazaron con radicalizar las protestas por la insostenible violencia criminal en las vías. Conductores y dueños de unidades cuestionan al Ejecutivo por la falta de resultados de los operativos de control de la fuerza pública. El pasado martes la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, se retiró de la mesa de seguridad con los delegados del Ejecutivo, porque asegura que los controles son insuficientes para frenar asesinatos, robos, extorsiones y secuestros a los transportistas y pasajeros.
“Hay presencia policial y de los militares, pero resulta insuficiente o la estrategia o la falta de una política más contundente sobre el tema, esto es una situación que demandamos ahora si de una forma más radical”. El próximo jueves 25 de julio, en la Asamblea Nacional de Transportistas que se realizará en Quito, decidirán si convocan a una paralización nacional de todas las federaciones que reúnen a 278 mil agremiados. Desde el 11 de julio, el Gobierno ordenó a la policía y a las Fuerzas Armadas que ejecuten operativos conjuntos de control y patrullaje, las 24 horas, en las vías consideradas más peligrosas del país. El Gobierno no ha hecho comentario alguno sobre la advertencia. Se limitan a decir que el diálogo se mantiene, y el bloque de seguridad ratificó que 1 500 uniformados están movilizados en los ejes viales conflictivos de siete provincias: Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro, Esmeraldas.
