EL COSTO DE DAR LA ESPALDA A LA MINERÍA A GRAN ESCALA

En estos momentos de escasez, resulta inevitable para Ecuador percatarse de la magnitud de la oportunidad perdida hasta ahora en la minería. Solo este año se han dejado de recibir más de $2 mil millones en impuestos —además, más de que el doble hubiese ingresado por exportaciones a dinamizar la economía privada— que habrían pasado a formar parte del erario si se hubiesen tomado las medidas adecuadas en el pasado reciente. Sobran los motivos para asumir que la necesidad de recursos por parte del Estado solo aumentará. La producción petrolera sigue en declive —y se agravará sustancialmente por el inminente cierre del ITT—, la recaudación tributaria no está aumentando como se esperaba, el sector camaronero sigue atravesando un mal momento y la crisis energética continúa pasándole una abultada factura a la economía —que podría alcanzar cuotas extenuantes si más adelante llega a concretarse la salida definitiva de operación de Coca Codo Sinclair—. Inevitablemente, en algún momento el Estado tendrá que voltear la vista hacia la riqueza minera; mientras más espere para hacerlo, menos libertad de acción tendrá y más desesperado estará cuando lo haga. La ciudadanía debe entender que la negativa a la minería a gran escala no significa que se esté preservando el ambiente, sino que se está cediendo esos recursos a grupos criminales que devastan el ecosistema y corrompen el tejido social con sus ingentes recursos mal habidos. Como un tumor, la minería legal se fortalece conforme pasa el tiempo y extirparla resulta más costoso y doloroso. Ya es momento de actuar. El Estado requiere un liderazgo resuelto que esté dispuesto a poner, cuanto antes, el tema sobre la mesa.