La condena internacional a la irrupción de las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional a la sede de la Embajada de México en Quito, ha puesto a Ecuador en el foco de la discusión sobre el respeto a las Convenciones Internacionales y la defensa de la soberanía en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El enfrentamiento diplomático que inició el pasado jueves, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo comentarios sobre el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, apuntando que habría sido un acto planificado para afectar las opciones presidenciales de la candidata correísta, Luisa González.
La respuesta de Ecuador ante los comentarios del presidente mexicano, derivó en el ingreso de efectivos de la Policía Nacional en la sede diplomática para ejecutar la captura del exvicepresidente Jorge Glas, prófugo de la justicia ecuatoriana y procesado por delitos de corrupción durante su gestión. El presidente López Obrador concedió el asilo político a Glas y solicitó el salvoconducto para su salida, mientras el gobierno de Daniel Noboa calificó de ilícito el acto y ante el “riesgo inminente” de fuga tomó la acción inédita de ingresar a la embajada.
Los primeros países en mostrar su rechazo a la acción del gobierno ecuatoriano fueron Venezuela y Nicaragua, pero países como Argentina y Estados Unidos con mensajes prudentes han llamado al respecto de los fundamentos de la Convención de Viena, y la necesidad de retomar el diálogo entre las naciones para solucionar las controversias. Hasta el momento, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha llamado a la realización de un Consejo Permanente para abordar la situación en el marco de los principios del derecho internacional como el respeto a la soberanía, la resolución pacífica de las controversias y la coexistencia pacífica de los Estados.
