Santiguándose y encomendando un fallo favorable a su demanda ante la Corte Constitucional, el sector privado ecuatoriano cuenta las horas por un ‘milagro’.
Desde el 1 de abril de este año está prevista la entrada en vigencia de la Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, que obliga al sector corporativo a enfrentar varios costos: la subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 %, una contribución temporal sobre las utilidades y un impuesto sobre el beneficio de bancos y cooperativas.
Según un estudio de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), el impacto total neto de estas tres obligaciones significará una contracción de la liquidez de 2.158 millones de dólares.
Es decir, “ese dinero no se dirigirá ni a reactivar la economía, ni a trabajar en la calidad de los productos, ni a incorporar mejor tecnología, ni a contratar personal, sino que irá para pago de impuestos.
Cualquier incremento de estos genera una contracción económica, ya que se reducen tanto la capacidad de consumo por parte de las personas, como la (capacidad) de inversión y de generación de empleo por parte de las empresas. Todos estamos de acuerdo en que el Gobierno requiere un apoyo fiscal, pero aumentar impuestos no es la única ni la más recomendable forma de obtenerlo”, sostiene Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca (Cipem).
