LEY ECONÓMICA PARA LOS CIUDADANOS, NO PARA LA BUROCRACIA
Hay un discurso reiterado que busca presentar al Estado y a la ciudadanía como equivalentes. Se quiere instaurar la idea de que todo lo que es bueno para el Estado es bueno para la gente y de que la ciudadanía debe estar dispuesta a cualquier sacrificio con tal de mantener al Estado en forma. Cuando el sector público está en problemas, sumido en su enésima crisis por déficit fiscal, se habla con demasiada ligereza de “la peor crisis de la historia” y se exigen medidas drásticas para tapar huecos. Sin embargo, cuando se trata del desempleo rampante o de la falta de crecimiento económico que afectan a los ciudadanos comunes, no se aprecia una urgencia similar de parte de quienes gobiernan. El Estado representa y sirve a la ciudadanía, pero no es ni debe ser su expresión superior o su equivalente a ultranza, concepto propio de los totalitarismos. Cualquier ley relativa a la economía y al empleo debe priorizar el bienestar del ciudadano promedio —esa mayoría de trabaja- dores, emprendedores, empresarios que no son funcionarios públicos—, antes que con el simple objetivo de cuadrar las cuentas de la burocracia. Si el Estado tiene problemas para pagar sus cuentas, debe aprender a no gastar más de lo que recauda, especialmente en una economía dolarizada en la que, afortunadamente, no se puede emitir moneda para salir al paso a punta de inflación. No está bien manipular a la ciudadanía para inducirla a un pánico en el que acepte cualquier engaño que promete salvarla. Un Estado fuerte y eficiente debe construirse a partir de una ciudadanía próspera; un Estado obeso levantado sobre los escombros de un pueblo esquilmado equivale a esclavitud.
