NO SON AGENCIAS DE EMPLEO

El reciente informe de Contraloría sobre la contratación de asesores en una prefectura de la Sierra pone en evidencia lo que era ‘vox populi’: ese organismo se ha convertido en una agencia de co- locación de empleos de un movimiento político. En efecto, el organismo de control encontró que dicho gobierno provincial tenía contratado un número muy por encima del permitido por la ley de asesores que ganan un sueldo que no se compadece ni con la jerarquía de su cargo ni con el trabajo que realizan. La cifra es de unos cuantos millones de dólares al año. En definitiva, esa prefec- tura funciona, según se desprende del informe, como un organismo donde se contrata personal de acuerdo con las necesidades clientelares del movimiento político que lo administra. Se trata de un mecanismo para mantener a ciertos cuadros del movimiento con empleos y sueldos que no están permitidos por la ley. Pero este caso es apenas la punta del iceberg. Se sabe que tanto los go- biernos provinciales como los municipa- les funcionan como oficinas de empleo para determinadas organizaciones políticas e incluso para redes clientelares y familiares cuyo financiamiento se hace con dinero público, lo que tarde o temprano repercute en el bolsillo de todos los ecuatorianos. Urge la acción contundente de las entidades de control.

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