Los pedidos de información de entidades de control ya han llegado hasta la Prefectura de Pichincha. Con ello se trata de esclarecer el supuesto caso de piponazgo de Soledad Padilla , quien habría prestado servicios en la institución mientras seguía trabajando para Jorge Glas. El caso se conoció luego de que el exvicepresidente pusiera una denuncia por extorsión en contra de Padilla, el pasado 18 de octubre. Siete días antes, ella lo acusó de intimidación. En un video compartido en redes sociales, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, aseguró que tienen un compromiso con la transparencia y que brindarán todas las facilidades para entregar toda la información necesaria. Esta servirá & quot; para perseguir delitos, pero no a personas & quot;, enfatizó.
En el anuncio no mencionó el nombre de Soledad Padilla. Entidades que han solicitado información
La Contraloría General del Estado explicó a Ecuavisa que el último examen especial a la Prefectura de Pichincha en temas de contratación fue aprobado el 8 de mayo de 2023. En ese sentido, el organismo de control, con base en las denuncias que se han presentado en los medios de comunicación, & quot; analizará la información correspondiente para determinar si se amerita un nuevo examen especial que sería planificado en una próxima auditoría & quot;. A ello se suma la solicitud que realizó, en su calidad de consejero provincial, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
El pedido fue incorporar en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria del Consejo Provincial, un informe del Director Administrativo y Talento humano del GAD Provincial de Pichincha, en el que se expliquen las funciones que realizaba Padilla, entre otros aspectos.
Investigación de Fiscalía
Además, la Fiscalía General del Estado habría iniciado una investigación contra Paola Pabón por el supuesto delito de peculado. El caso de Soledad Padilla motivó la indagación de contratos realizados por la Prefectura entre 2020 y 2022. Se trataría de 110 nombramientos provisionales y de libre remoción, así como de contratos de servicios ocasionales y profesionales. El problema radicaría en que el 50% de ellos no tuvo ninguna justificación, según un informe de la Contraloría. Y que la institución habría gastado USD 3,6 millones en sus salarios, según expuso el portal Código Vidrio este 25 de octubre.
