El decreto ley sobre finanzas públicas enviado por el presidente Guillermo Lasso, se trató en audiencia ante la Corte Constitucional. En el documento, el gobierno plantea que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le perdone 1 129 millones de dólares en intereses por el retraso en la cancelación del 40% de las pensiones jubilares.
El viceministro de Finanzas, Daniel Lemun, dijo que esto permitirá igualarse en el pago del capital que bordea los 3 mil millones. «No puedo cerrar un acuerdo si no tengo eso resuelto, entonces no consideremos los intereses; hay muchísimo por trabajar en la parte del capital y eso si le va a implicar estabilidad financiera al IESS». Pero el abogado del IESS, Ramiro Vega, se opuso y pidió a la Corte que no dé paso al decreto ley.
«Significa 1,5 años de vida del Seguro Social menos, entonces lo que se estaría es atentando contra la estabilidad financiera y económica del IESS». Otro punto polémico es el pago por enfermedades catastróficas. En el decreto ley se plantea que esa obligación se divida en partes iguales entre el gobierno, los afiliados y los empleadores. «Es tripartito, un tercio lo va a asumir el estado ecuatoriano y entonces yo ya habilito una vía para que existan flujos». La jueza ponente de esta causa es Teresa Nuques quien elaborará el proyecto de dictamen para votación del pleno.
