Ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño en Ecuador para el segundo semestre del 2023, la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) declaró el estado de alerta amarilla en 143 cantones y 489 parroquias correspondientes a 17 provincias, por ser territorios ubicados a una altitud igual o menor a 1.500 metros sobre el nivel del mar.
Esto se debe a que, en eventos anteriores, como los ocurridos en 1972-1973, 1982- 1983 y 1997-1998, los efectos de El Niño se sintieron con fuerza en las regiones situadas a una altitud menor a 1.500 msnm. De ahí que la declaratoria abarca a las provincias del Litoral ecuatoriano: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro y Galápagos; así como a los territorios bajos de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura y Loja.
El temporal podría provocar el desbordamiento de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, bancos de niebla, ráfagas de viento y descargas eléctricas si se presentan tormentas, advierte Gestión de Riesgos. Y aunque el Fenómeno de El Niño ya llegó a EE.UU., según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, en Ecuador se espera que llegue recién en el segundo semestre.
El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen) emitió un comunicado este jueves, 8 de junio, en el que dice que para este mes aún se mantiene el estado de observación y la alerta amarilla, pero advierte de una probabilidad mayor del 80% de que el evento se presente de forma gradual en la segunda mitad de este 2023, para lo cual cada vez falta menos.
¿Qué implica el nivel de alerta amarilla?
Según el Manual del Comité de Operaciones de Emergencia (que data del año 2017), con base en el principio de precaución vigente, el nivel de alerta amarilla implica que las Salas de Situación y los entes técnicos-científicos continuarán y reforzarán el monitoreo de la amenaza, además la SGR y la instancia territorial revisarán y actualizarán los escenarios en las respectivas jurisdicciones.
También se deben fortalecer las Unidades de Gestión de Riesgos de los gobiernos cantonales y provinciales para que con la información que la SGR entrega y por la cual los asesora, este personal técnico pueda actuar de manera diligente y permanente para monitorear la amenaza, emitir alertas y responder de manera oportuna con el fin de salvaguardar la vida de los habitantes del sector, la infraestructura y los servicios del área en estudio.
La Secretaría de Gestión de Riesgos dispuso a los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales desarrollar las acciones preventivas necesarias para precautelar la vida de las personas, infraestructuras, bienes, servicios y otros que corresponden a sus competencias. Para los gobernadores de las provincias en mención las disposiciones son las siguientes:
- Liderar los procesos de actualización, articulación, preparación y funcionamiento de las instituciones y actores que conforman los COE provinciales, las mesas técnicas de trabajo y grupos de trabajo de sus provincias.
- Actualizar y establecer mecanismos efectivos y eficaces de activación del COE provincial, a fin de que cuando sea necesaria su articulación y operatividad, se concrete en el menor tiempo.
- Coordinar y articular las acciones de prevención, mitigación, preparación para la respuesta, con las instituciones del ejecutivo desconcentrado a fin de que, con base en los planes de respuesta de los GAD, estos sean complementados con la estrategia del ejecutivo en territorio.
- Mantenerse en estado de alerta y operativos, para activar las mesas técnicas de trabajo y grupos de trabajo que correspondan, para liderar procesos de preparación y respuesta con el objetivo de proteger a la ciudadanía; implementar y actualizar los planes de evacuación y respuesta y activarlos cuando el caso lo amerite.
