Dr. Medardo Mora Solórzano
Dr. en Jurisprudencia, Rector fundador de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ex-Alcalde de Manta, ex-presidente del CONUEP y luego CONESUP
El pasado 16 de abril se recordaron 10 años del terremoto de 7.8 que tuvo como epicentro Pedernales, ciudad manabita situada en la frontera con Esmeraldas; por ello Manabí y Esmeraldas fueron muy afectadas por este devastador hecho de la naturaleza. Las víctimas mortales según datos oficiales fueron más de 600, pero vecinos de los lugares destruidos por este movimiento terráqueo afirman que fueron más. Ese acontecimiento puso a prueba a los ecuatorianos: levantarse de un golpe demoledor de un fenómeno impredecible. Las miles de personas directa o indirectamente afectadas han sido capaces de superar esta dura situación; para ello contaron con la invalorable solidaridad de todo el país y del exterior, solidaridad reflejada en pagar un porcentaje adicional del 2 % en el IVA por disposición de la Ley de Solidaridad expedida con esa ocasión, por contribuciones de quienes percibían remuneraciones superiores a 1.000 dólares, impuesto al patrimonio y a utilidades de las empresas, a lo que se sumaron donaciones de instituciones o personas nacionales o extranjeras. Es decir, el sentimiento humano solidario y bondadoso fue impecable. El país no ha olvidado el saqueo de los fondos para la reconstrucción Pero así como existieron personas solidarias y bondadosas, lo reprochable de esta triste recordación es la ‘viveza’ y miseria humana de quienes buscaron aprovecharse de esta desgracia para enriquecerse inescrupulosamente. Por ello en el juicio penal instaurado por la fiscal Dra. Diana Salazar, se encontró culpables de peculado al presidente del Comité de Reconstrucción Jorge Glas y al secretario ejecutivo Carlos Bernal, aunque no son inocentes los miembros del Comité, que avalaron contrataciones millonarias de obras que no correspondían a la reconstrucción; tampoco son inocentes quienes se beneficiaron con la demolición innecesaria de edificaciones, lo que además posibilitaba transportar escombros no verificados y cobrar por estas tareas. De eso no existe rastro ni prueba pero subsiste en la memoria ciudadana, mientras obras prioritarias como la reconstrucción de viviendas o de tuberías para riego que fueron destruidas, no merecieron la debida atención.
