JUSTICIA Y LIBERTAD ECONÓMICA
La libertad económica se entiende como la capacidad que tienen las personas de producir e intercambiar objetos o títulos sin trabas del Estado. Este es un reto que, en determinados países, puede resultar imposible de cumplir por las regulaciones que nacen de la clase política, que busca financiar el Estado con asfixiantes impuestos y tasas. También tiene que ver con el fácil intercambio de servicios que beneficien a las partes y con la acumulación de capital, eso sí justa, derivada del trabajo. El informe Libertad Económica 2026 del Fraser Institute revisa varios aspectos sobre este derecho –el sistema legal, el tamaño del gobierno, las regulaciones y otros más– y Ecuador mejora: pasa del puesto 100 al 97, de 165 países. Los datos, con corte al 2024, indican que el país registra una mejor calificación en lo relacionado con sistema legal y derechos de propiedad. En este punto se miden los contratos, la independencia judicial, la imparcialidad de los tribunales, la transparencia del sistema legal, intervención militar y estado del crimen. Pese a que los datos recogidos son de hace dos años, esa fotografía debe alentar a mejorar a las autoridades, en especial a las judiciales, que están a cargo de un proceso de selección de jueces y el concurso del nuevo Fiscal General del Estado. La libertad económica no es sinónimo de más acumulación de riqueza o de eficiencia corporativa. La defensa de la justicia es la base porque garantiza la propiedad privada legítima y blinda a las personas de abusos. Lo que se conoce como seguridad jurídica.
