Lo que comenzó como una investigación por sicariato deja al descubierto una trama de acusaciones cruzadas. Los principales implicados en el asesinato de Santiago Ávalos, exgerente financiero de la UDLA, se responsabilizan entre sí de planificar el crimen. La Fiscalía sostiene que el homicidio estaría ligado a auditorías internas que la víctima impulsaba en la universidad. Los procesados cambiaron de estrategia y ahora se señalan mutuamente: los dos principales sospechosos intercambiaron acusaciones sobre quién ordenó el asesinato. El crimen habría sido planificado y cada involucrado cumplió un rol específico.
Las auditorías habrían afectado intereses de algunos trabajadores; un procesado habría pedido fotos del vehículo y la rutina de Ávalos días antes, y cámaras registraron seguimientos. Cinco adultos y un adolescente están procesados: tres con prisión preventiva, dos con medidas cautelares (prohibición de salida y presentaciones periódicas) y un adolescente con internamiento preventivo, señalado como presunto autor de los disparos. Según la Fiscalía, hubo seguimientos, fotos del vehículo, vigilancia fuera del campus y el ataque ocurrió en Miravalle, Quito, cuando Ávalos salía de la universidad. Expertos advierten patrones de manipulación, ausencia de empatía y beneficio personal, sin constituir diagnósticos ni responsabilidad penal. El proceso sigue en instrucción: la Fiscalía consolidará pruebas mientras las defensas buscan desvincular a sus representados.
