Con orden de prisión por presunta delincuencia organizada en el caso Goleada, el legislador Raúl Chávez Núñez, de la bancada Revolución Ciudadana (RC-RETO), continúa cobrando su sueldo en la Asamblea Nacional.
Desde el 27 de marzo de 2026, cuando el juez anticorrupción Jairo García acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva como medida cautelar contra Raúl Chávez, no asoma por la Asamblea Nacional y, en algunas ocasiones, para las sesiones del pleno principaliza a su suplente, Melissa Zambrano Chávez. Nadie sabe de su paradero.
Sin embargo, el legislador nacional por la alianza RC-RETO ha continuado percibiendo su remuneración, ya que no existe ningún impedimento legal para ello. Entre marzo y mayo recibió parte de su sueldo y, además, cobró el bono por residencia hasta el pasado 15 de mayo. En conjunto, estos rubros superan los $ 11.000. En junio también percibió una parte de su remuneración y, de mantenerse la situación actual, ocurrirá lo mismo en julio, salvo que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) adopte una resolución al respecto.
Chávez Núñez fue vinculado por el juez García en el caso por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria en el caso Goleada. Además, se ordenó la inmovilización y el congelamiento de los fondos que mantiene en el sistema financiero. Según la Fiscalía, Chávez mantendría vínculos comerciales con empresas que forman parte del entramado investigado y, por lo tanto, con los demás procesados en esta causa.
El asambleísta Álex Morán (ADN) presentó el pasado 22 de junio una solicitud ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que empiece el procedimiento que permita resolver de manera definitiva la situación jurídica del legislador Raúl Chávez, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El artículo 114 de la LOFL establece que las licencias superiores a 30 días y hasta un máximo de 90 días dentro de un mismo año calendario solo pueden ser autorizadas por el CAL cuando obedecen a enfermedad o incapacidad física o psicológica debidamente comprobadas.
La misma norma dispone que la ausencia injustificada de un asambleísta por más de 30 días consecutivos o por un periodo que exceda el máximo de licencia permitido constituye abandono del cargo. En esos casos, el CAL debe proceder con la principalización definitiva del legislador suplente. Morán sostiene que, en el caso de Raúl Chávez, el límite de 90 días ya fue superado, por lo que considera que debió cesar en sus funciones como asambleísta. Por ello, también solicitó al CAL información para determinar si Chávez continúa ejerciendo el cargo y percibiendo su remuneración.
No obstante, enfatizó que corresponde al organismo administrativo de la Asamblea adoptar una decisión con base en la normativa vigente y establecer, de ser el caso, el abandono del cargo. La Asamblea Nacional deberá pronunciarse sobre este caso, ya que Chávez continúa recibiendo recursos públicos. Su remuneración se paga de manera proporcional, ya que su legisladora suplente solo percibe ingresos cuando actúa en reemplazo del titular durante las sesiones del pleno.
Por ejemplo, entre marzo, abril y mayo, cuando no acudió a la legislatura, recibió cerca de $ 8.000 como remuneración y por gastos de residencia más de $ 3.500. Chávez, a partir del 15 de mayo pasado, dejó de percibir el bono de vivienda de $ 1.446, beneficio destinado a los legisladores que no residen habitualmente en Quito, sede de la Asamblea Nacional. Esto, porque entró en vigencia un nuevo reglamento que exige al asambleísta presentar una declaración juramentada, así como la de su cónyuge o persona con la que ha registrado su unión de hecho, de que no posee bienes inmuebles para vivienda en la ciudad sede de la Asamblea Nacional.
Chávez aún no ha cumplido con ese requisito, por lo que dejó de percibir dicho bono. Mientras permanece en la clandestinidad, Chávez ha remitido solicitudes de licencia por periodos parciales. Esa estrategia, según fuentes legislativas, ha dificultado que el CAL adopte una resolución definitiva sobre un eventual abandono del cargo y proceda con la principalización permanente de su suplente, Melissa Zambrano Chávez.
