Este 7 de julio, la Asamblea Nacional aprobó con 139 votos la Ley Orgánica de Extradición, concretando la voluntad popular expresada en la consulta del 21 de abril de 2024, que autorizó la extradición de ecuatorianos mediante la reforma del artículo 79 constitucional.
La ley, que requiere publicación en el Registro Oficial para entrar en vigor, define el procedimiento para que la Corte Nacional de Justicia tramite las solicitudes de otros Estados, especialmente por delitos ligados al crimen organizado transnacional. Establece control judicial, garantías del debido proceso y respeto a los derechos humanos y tratados internacionales. Su objetivo es evitar que el país sea refugio de personas investigadas por narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de activos, terrorismo y otras infracciones transfronterizas.
La asambleísta Lucía Jaramillo, ponente del proyecto, subrayó que la norma responde al mandato popular: “El crimen organizado aprendió a cruzar fronteras; la justicia también tenía que hacerlo. Ecuador no será refugio de criminales ni una nacionalidad será un escudo para la impunidad”. La ley no contempla extradiciones automáticas: cada caso se examinará individualmente, con pleno apego a la Constitución, el debido proceso y los convenios internacionales.
De este modo, el Estado fortalece la cooperación judicial internacional contra las redes criminales transnacionales. La aprobación cumple con el requisito pendiente tras el referéndum y cierra el ciclo para hacer efectiva la extradición de nacionales.
