La Comisión de Seguridad, presidida por la asambleísta Inés Alarcón (ADN), tendrá 90 días para presentar un informe para conocimiento y resolución del Pleno.
Con 81 votos de respaldo, la Asamblea Nacional encargó a la Comisión de Seguridad Integral fiscalizar los hechos relacionados con el presunto uso indebido de los sistemas de videovigilancia administrados por el Municipio de Quito.
La propuesta fue presentada por la legisladora oficialista Inés Alarcón (ADN), presidenta de la comisión, que además investigará la eventual participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en la administración o gestión de la entidad, así como las posibles afectaciones a la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la protección de información estratégica.
Se votó este martes, 30 de junio de 2026. Alarcón llevó el tema al pleno de la Asamblea luego de que, el 23 de junio de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, revelara información sobre un supuesto secuestro de los sistemas de videovigilancia de Guayaquil. Según el funcionario, las cámaras no estaban orientadas a combatir a las bandas criminales ni a prevenir delitos, sino que habrían sido redirigidas ilegalmente para operar como “salas espejo”, destinadas a vigilar y espiar a los ciudadanos.
Durante su intervención, la legisladora afirmó que Reimberg fue claro al señalar que se trataría de un modus operandi propio de una estructura de delincuencia organizada. Agregó que esta presunta práctica se habría infiltrado en varios municipios del país, donde, según dijo, estaría configurándose una red clandestina de inteligencia paralela con alcance nacional para garantizar la impunidad de sus líderes y vigilar a la ciudadanía.
Alarcón sostuvo que el caso “más crítico y vergonzoso” se registraría en Quito. Aseguró que quienes dirigen la seguridad tecnológica y el monitoreo del Municipio serían exintegrantes del brazo operativo de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), creada en 2009 durante el gobierno de Rafael Correa. Según la asambleísta, ese organismo tuvo como propósito perseguir, hackear e interceptar a periodistas, activistas y opositores políticos, y señaló que se trata de la misma estructura que ejecutó el secuestro de Fernando Balda.
Durante su intervención, Alarcón aseguró que varios exagentes de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) constan en el distributivo de personal de la administración del alcalde Pabel Muñoz y que ocupan cargos estratégicos en áreas consideradas críticas, como la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Mencionó a Carolina Andrade, Washington Martínez, Ernesto Ancieta, Silvia Burgos y Paul Andrés López como parte de ese grupo.
La resolución aprobada por el Pleno dispone que la Comisión de Seguridad Integral podrá requerir información, documentación e informes técnicos, así como convocar a comparecer a autoridades, servidores públicos, representantes de instituciones, expertos y cualquier otra persona que considere pertinente para el esclarecimiento de los hechos investigados. La comisión legislativa tendrá un plazo máximo de noventa días para presentar un informe que contenga las conclusiones, observaciones y recomendaciones derivadas del proceso de fiscalización.
El legislador de la bancada Revolución Ciudadana (RC) Franklin Samaniego señaló que las 632 cámaras municipales están bajo el acceso y control total del sistema de seguridad nacional del ECU 911, una entidad que pertenece al Gobierno nacional. Dijo que la legisladora Alarcón pretende plantear y traer fantasmas para asustar a la ciudadanía, y afirmó que la fiscalización que se pretende llevar adelante está mal orientada.
Lo que se debe hacer es fiscalizar al ECU911 para ver qué es lo que ha pasado hasta el momento, porque no existe, no se ha encontrado una prueba fehaciente sobre una estructura paralela, ninguna cámara espejo, ni mecanismos no autorizados. Manifestó que sin duda alguna estos procesos de fiscalización lo que pretenden es atacar a otra autoridad, y que si “quieren la Alcaldía de Quito, gánenla en las urnas”, replicó.
