Para los familiares de desaparecidos, el reloj es el peor enemigo. Marcos Cedeño, guardia de seguridad, viajó a la isla Puná el 14 de junio de 2026 y no volvió. Han pasado 15 días. Salió con otros cinco celadores para custodiar un cargamento de camarón, pero ninguno regresó. Uno de ellos, Néstor Zala, fue hallado sin vida flotando cerca de la isla. La angustia crece ante la falta de resultados investigativos. “Marcos nos dijo que no iba a poder contestar porque se le iba la señal”, recuerda su familiar. Desde la empresa dicen que buscan, pero no ven avances. Lidia Rueda, vicepresidenta de Asfadec, señala que la vida de las familias se trastoca.
En Ecuador se registran 20 denuncias diarias por desapariciones, unos 600 casos al mes. Además de la incertidumbre, deben enfrentar estafadores que exigen dinero a cambio de datos falsos; por eso insiste en acudir a autoridades u organizaciones especializadas. El experto Kléber Carrión advierte que el crimen organizado está detrás de muchos casos, bajo tres escenarios: trata para extracción de órganos, tráfico de migrantes y ocultamiento de cadáveres. Las estructuras delictivas planifican y operan con lealtad y miedo, lo que dificulta las delaciones.
El Estado reporta avances: en 2024 capacitó a 1.600 personas y coordinó 55 activaciones; en 2025, 568 personas y 207 activaciones, pero las familias piden soluciones de fondo. El Sistema Nacional de Búsqueda difunde datos y protocolos, pero en la práctica las denuncias no siempre se toman con celeridad, y la falta de empatía de los servidores públicos agrava el dolor. La crisis se extiende a pescadores en altamar, niños y migrantes en fronteras; la falta de coordinación entre Policía, Fiscalía y Armada genera subregistro.
