El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 87 votos, una reforma legal para castigar el uso de uniformes falsos de la Policía o Fuerzas Armadas.
Quienes los utilicen para engañar a la ciudadanía o facilitar delitos (secuestros, robos, extorsiones) enfrentarán penas de hasta siete años de prisión. La reforma incorpora al Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciones escalonadas: de uno a tres años por uso no autorizado; hasta cinco años si se simulan controles u operativos.
La pena máxima (siete años) aplica cuando se empleen uniformes o distintivos oficiales para estos fines. También se castiga la fabricación, distribución y venta ilegal de estas prendas. Las empresas de seguridad privada deberán reforzar controles y registros. Solo entidades autorizadas podrán importar o comercializar uniformes e insignias oficiales.
