Rengel rindió su testimonio anticipado, de manera reservada, la mañana de este miércoles, 3 de junio de 2026.
Luego de escuchar el testimonio anticipado del exoficial de la Policía Nacional Rodney Rengel dentro del denominado caso Magnicidio FV, los abogados de las diferentes partes procesales afirmaron que estas declaraciones corroboran la supuesta injerencia de integrantes del correísmo en el desarrollo de este proceso penal. Rengel rindió su testimonio anticipado, de manera reservada, la mañana de este miércoles, 3 de junio de 2026, en la cámara de Gesell en el Complejo Judicial Norte de Quito, como parte del caso que investiga a siete personas como posibles autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023.
Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo, destacó que con la versión del exoficial de Policía se corroboraron los elementos que ya fueron ingresados al proceso judicial, como dispositivos celulares, en los que se encontraron supuestas comunicaciones y reuniones que involucrarían al expresidente Rafael Correa, al asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Juan Andrés González y a Ronny Aleaga, entre otros, “con fines de fraguar este proceso y algunos otros que se encuentran en análisis por parte de la Fiscalía General del Estado”.
“Entiendo que esa es la finalidad de este testigo. La finalidad es entregar información que estoy plenamente seguro de que abrirá nuevas investigaciones”, sostuvo el jurista. Por su parte, Edwin Romero, abogado de la madre y hermanos de Fernando Villavicencio, recalcó que Rengel manifestó que tuvo dos reuniones por Zoom, en las que habrían participado el expresidente Correa y Ricardo Patiño, actual legislador de la RC, y que, producto de esto, el expolicía “iba a recibir una bonificación”. “De igual manera, ha proporcionado información de que servidores policiales de una unidad investigativa de Antinarcóticos ya estaban realizando seguimientos y tenían escuchas de esta estructura criminal que iba a atentar en contra del candidato a la Presidencia de la República del Ecuador Fernando Villavicencio.
Y que existe un informe integrado, en el cual constan los nombres de los generales y de los coroneles que tuvieron conocimiento de que se iba a dar este atentado”, afirmó. “Hay un informe integrado y tiene que ser explotado por parte de la Fiscalía General del Estado; y tendrá que responder la persona, sobre todo la persona que estuvo en Antinarcóticos en aquella fecha, por qué no realizó acciones inmediatas para prevenir este delito”, cuestionó. Para Julio César Sarango, abogado de Verónica Sarauz, el testigo “no aportó nada” y resaltó que lo que exige la familia de Fernando Villavicencio, en especial su viuda y sus hijos, es que se haga justicia.
“El pueblo quiere justicia. Ha sido asesinado Fernando Villavicencio y no queremos que la justicia también sea asesinada”, enfatizó. En tanto, Eduardo León, abogado de José Serrano, recalcó que el testimonio de Rodney Rengel beneficia a su defendido. Reconoció que existió una reunión en Estados Unidos de su cliente con Rengel, pero aclaró que lo que se buscaba es esclarecer lo que sucedió y tener comunicación con Laura Castillo, una de las personas condenadas en el caso que procesó a los autores materiales del crimen al estilo sicariato. “¿Con qué motivo y con qué razón? Ahí está obviamente lo que nos favorece a nosotros, porque él quiere conocer la verdad.
Quiere saber qué pasó detrás de todo esto, quiere saber por qué le están imputando de manera injusta y de manera arbitraria. Ese fue el motivo. Serrano estaba buscando saber cómo salir de este aprieto porque lo están involucrando falsamente, y buscaba a la gente que lo ayude a conocer qué es lo que sucedió efectivamente en el caso», puntualizó. La investigación en curso se inició el 3 de septiembre de 2025, con la formulación de cargos contra José Serrano, exministro de Rafael Correa; el llamado a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán; el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga y el condenado a más de 34 años de prisión por actos de corrupción en el área pública de la salud y la justicia Daniel Salcedo.
El 12 de marzo pasado concluyeron los 120 días de instrucción fiscal.
