El proyecto plantea nuevas figuras penales, modificaciones a las reglas de prisión preventiva, cambios en la extinción de dominio y sanciones para funcionarios.
La bancada oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), presentó en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, conocida como Ley Antimafias. El texto plantea reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley de Extinción de Dominio y al Código Orgánico de la Función Judicial.
Según explicó la vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, al presentar la iniciativa, el proyecto parte de la premisa de que las organizaciones criminales no operan únicamente a través de sus cabecillas, sino también mediante estructuras de apoyo que incluyen financistas, reclutadores, transportistas, facilitadores de inmuebles y personas vinculadas al lavado de activos.
Por ello, la propuesta busca ampliar el alcance de la persecución penal para incluir a quienes sostienen la operación logística de estas estructuras. El proyecto se organiza en cinco ejes principales.
1. Un nuevo delito para sancionar la pertenencia a organizaciones criminales
Uno de los cambios centrales consiste en la creación del artículo 369-A del COIP, que incorporaría el delito autónomo de pertenencia a una organización de delincuencia organizada. Actualmente, el artículo 369 del COIP sanciona a quienes financian, dirigen o planifican las actividades de una organización criminal con penas de entre 22 y 26 años de prisión.
Los colaboradores pueden recibir condenas de entre 10 y 13 años. La reforma propone diferenciar las responsabilidades dentro de la estructura criminal. La pertenencia básica sería sancionada con penas de entre 10 y 13 años, quienes desempeñen funciones operativas enfrentarían condenas de entre 13 y 16 años, mientras que quienes organicen, financien o ejerzan mando y control territorial podrían recibir penas de entre 16 y 22 años.
Además, el proyecto incorpora dos nuevas conductas penales: el reclutamiento de personas para organizaciones criminales y la utilización o la puesta a disposición de infraestructura para actividades delictivas. De acuerdo con los promotores de la iniciativa, esta modificación permitiría extender la acción penal a todos los niveles de las estructuras criminales y cerrar lo que denominan una “brecha de impunidad” respecto de quienes sostienen las redes logísticas y financieras.
2. Cambios en los delitos relacionados con hidrocarburos
La propuesta también reforma los artículos 264, 265 y 266 del COIP, relacionados con el almacenamiento, el transporte, la comercialización y la sustracción ilegal de hidrocarburos.
La normativa vigente establece penas que van desde dos meses hasta cinco años de prisión dependiendo de la escala de la infracción. En el caso de la sustracción de hidrocarburos, la pena actual es de cinco a siete años de cárcel. La Ley Antimafias plantea sustituir estos tipos penales e incorporar agravantes cuando las conductas estén vinculadas a organizaciones criminales.
Según el documento, el objetivo es establecer un sistema de sanciones proporcional a la participación de las estructuras delictivas y reducir el uso de este mercado como fuente de financiamiento para los grupos criminales. Entre los impactos esperados, los autores del proyecto sostienen que las nuevas escalas punitivas podrían contribuir a disuadir actividades ilícitas relacionadas con combustibles y sus derivados.
3. Nuevas reglas para la prisión preventiva
Otro de los cambios propuestos se concentra en el artículo 534 del COIP, que regula los requisitos para ordenar la prisión preventiva.
Actualmente, la legislación establece que esta medida cautelar debe aplicarse de manera excepcional y como último recurso. Además, exige que la Fiscalía demuestre la existencia de elementos de convicción suficientes y que otras medidas cautelares resulten insuficientes para garantizar la comparecencia del procesado. La reforma plantea incorporar reglas de valoración reforzada del riesgo procesal cuando los delitos estén relacionados con el crimen organizado.
Asimismo, establece una exigencia de motivación reforzada para los jueces que decidan negar la prisión preventiva en este tipo de casos. El proyecto también incorpora una disposición específica para los miembros de las fuerzas del orden que enfrenten procesos judiciales por actos cometidos en el contexto del conflicto armado interno declarado por el Gobierno.
Los impulsores de la propuesta sostienen que estas modificaciones buscan fortalecer la protección del sistema de justicia y evitar que integrantes de estructuras criminales evadan los procesos judiciales mediante medidas cautelares alternativas.
4. Extinción de dominio y venta anticipada de bienes
La iniciativa también propone reformas a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Actualmente, la normativa permite que el Estado recupere bienes vinculados a determinadas actividades ilícitas mediante procesos judiciales específicos.
Con la reforma, la pertenencia a una organización criminal pasaría a incorporarse expresamente como una causal para empezar procesos de extinción de dominio. Además, se plantea la aplicación de medidas cautelares reales desde la formulación de cargos, así como mecanismos de administración provisional y la venta anticipada de bienes incautados.
Según el texto, estas herramientas permitirían intervenir el patrimonio de las organizaciones criminales desde etapas tempranas de la investigación. Los promotores consideran que esta medida fortalecería la denominada desarticulación patrimonial de las estructuras delictivas al impedir que continúen utilizando recursos económicos mientras avanzan los procesos penales.
5. Sanciones para funcionarios judiciales y abogados
El último eje del proyecto incorpora cambios al Código Orgánico de la Función Judicial. La propuesta establece como falta gravísima la omisión de la motivación reforzada en los casos de prisión preventiva cuando la ley exija este estándar especial.
Actualmente, el artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial contempla diversas infracciones para servidores judiciales que pueden ser sancionadas con la suspensión temporal del cargo. La reforma agregaría una nueva conducta relacionada con la actuación de los jueces en procesos vinculados al crimen organizado. Además, el proyecto establece la inhabilitación permanente para ejercer la abogacía de quienes hayan sido condenados por delitos de crimen organizado o lavado de activos.
Según el documento, la medida busca reforzar la integridad del sistema judicial y reducir la participación de personas vinculadas a estas actividades dentro del ejercicio profesional del derecho. La Ley Antimafias fue presentada por la bancada oficialista, pero todavía debe recorrer el proceso legislativo correspondiente.
El proyecto deberá ser calificado, enviado a una comisión especializada, debatido en dos ocasiones por el pleno de la Asamblea Nacional y posteriormente votado.
