El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que el arresto de José Serrano responda a persecución política y justificó su encierro al considerar que no pudo demostrar que no es un peligro para la comunidad.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) se pronunció por primera vez sobre la situación legal del exministro del Interior ecuatoriano, José Serrano, quien permanece recluido en el centro de detención de Krome en Miami. En una declaración exclusiva, un portavoz de la agencia federal desmintió de manera categórica los argumentos de la defensa del exfuncionario, asegurando que no ejecutan acciones de control migratorio en nombre de intereses políticos extranjeros ni persiguen a individuos por su libertad de expresión.
La autoridad estadounidense enfatizó que las afirmaciones sobre una detención por motivos políticos son completamente falsas y aclaró que el arresto se produjo legalmente debido a que Serrano excedió el tiempo de permanencia autorizado por su visa, violando así las leyes de ese país. Además, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional justificó la prolongada privación de libertad del político ecuatoriano revelando que un juez de inmigración revisó el caso de manera independiente y determinó que «el individuo no logró demostrar que no representaba un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga».
Estas declaraciones surgen como respuesta a la reciente ofensiva legal planteada por Serrano a través de una petición enmendada de habeas corpus en la Corte del Distrito Sur de Florida. En dicho recurso, su abogado, Andrew Clopman, acusaba al gobierno de Daniel Noboa y a las autoridades estadounidenses de un supuesto pacto político para mantener al exministro en prisión, argumentando que su reclusión era una represalia por sus críticas en redes sociales y una violación de su derecho a un debido proceso.
Como parte de este litigio federal, el gobierno de Estados Unidos presentó el 27 de mayo de 2026 su respuesta oficial ante la demanda de la defensa, cumpliendo con el plazo establecido por la jueza magistrada Marty Fulgueira Elfenbein. Sin embargo, los argumentos detallados de las autoridades federales se mantienen bajo reserva legal. PRIMICIAS solicitó acceso a este documento, pero tanto el abogado defensor, Andrew Clopman, como la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida se abstuvieron de compartirlo, amparándose en la Regla Federal de Procedimiento Civil.
Tras la contestación del gobierno, los registros judiciales indican que la defensa de Serrano tiene plazo hasta el 3 de junio de 2026 para presentar su respectiva réplica a los descargos oficiales. En el ámbito migratorio, el escenario también cambió. Serrano logró el 13 de mayo de 2026 que una jueza de inmigración le concediera un aplazamiento de deportación al amparo de la Convención contra la Tortura. En Ecuador, Serrano tiene pendiente una orden de prisión por el asesinato de Fernando Villavicencio.
Si bien el aplazamiento bloqueó de manera indefinida su entrega a la justicia ecuatoriana, este fallo no ha garantizado su libertad. Los registros del sistema de información automatizada revelan que el 21 de mayo de 2026 se recibió formalmente una apelación en su caso, la cual se encuentra actualmente en estado pendiente.
Este recurso legal, ingresado semanas antes de que venciera el plazo máximo del 12 de junio, mantiene el proceso abierto ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, alargando la situación de Serrano en la que, pese a tener su deportación frenada, continúa detenido.
