La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó condena para el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otros dos implicados por delincuencia organizada, debido a la presunta venta irregular de pruebas COVID-19 e insumos médicos en 2020.
Según la FGE, entre marzo y agosto de ese año, los acusados integraron una estructura criminal que obtuvo ganancias ilícitas al comercializar 21.000 pruebas para detectar el virus. Peritos coincidieron en que movilizaron bienes y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito para el traslado de los insumos. Dos ciudadanos israelíes (uno asesinado en 2020) habrían coordinado el transporte bajo custodia de agentes hacia la casa del exmandatario, donde también se almacenaron mascarillas y lancetas. Jacobo Bucaram pagó 321.600 dólares en efectivo por la mercancía. Algunos implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la DEA para movilizarse. Las pruebas se vendieron sin facturas ni impuestos en varias provincias.
