¿JUSTICIA O SELECTIVIDAD A LA CARTA?
La Fiscalía ha acusado a veintiún personas en el caso Apagón, dejando intocados a quienes impartieron las órdenes de contratación, a quienes viajaron personalmente a verificar los equipos y a quienes investigaron al proveedor; evidenciando con ello una notoria discrecionalidad selectiva. En cualquier sistema de justicia que merezca ese nombre, la cadena de responsabilidad sigue la lógica del poder: quien ordena responde antes -o al menos juntoa quien ejecuta. Perseguir al funcionario subalterno y absolver al superior que firmó, autorizó y viajó, va contra todo rigor jurídico. Dudas sobre independencia del Ministerio Público El caso Sinohydro agrava el cuadro. Si el fiscal general actúa en respuesta a consignas de odio político-orientando la acción penal no hacia donde señalan las pruebas, sino hacia intereses del régimen-, el Ministerio Público habrá dejado de ser un órgano autónomo para convertirse en brazo judicial del gobierno de turno. Ecuador no puede darse el lujo de normalizar una justicia de encargo, porque cuando la persecución penal se convierte en herramienta para acallar voces incómodas, el daño no recae solo sobre los acusados, también sobre la institucionalidad y credibilidad del sistema y, en última instancia, sobre los ciudadanos. Y si se investiga solo a aquellos que son críticos del poder, esa coincidencia repetida y sistemática se convierte en persecución.
