La decisión del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador de limitar el ingreso de licor en el Duty Free reavivó el debate sobre la informalidad en el mercado nacional.
La Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador se pronuncia. La reciente decisión del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) de limitar el ingreso de licor al país por parte de los viajeros de los aeropuertos reavivó el debate sobre la informalidad en el mercado nacional. La entidad redujo de cinco a tres litros el cupo permitido para los viajeros en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil.
Aunque la medida busca evitar el uso comercial irregular de este beneficio tributario, el sector industrial advierte que la problemática de fondo persiste. Representantes del sector señalan que el esquema del Duty Free sirvió durante años para abastecer negocios informales, lo cual perjudica a supermercados, distribuidores e importadores formales. No obstante, las cifras de ilegalidad en el país son alarmantes:
Licores: El 75% del mercado corresponde a botellas de contrabando o de fabricación ilegal.
Cigarrillos: El contrabando acapara el 85% del consumo total.
Seguridad: Se estima que los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) recaudan cerca de 500 millones de dólares anuales a través de este ilícito.
La Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (ADILE) considera que la restricción en aduanas es positiva, pero insuficiente para combatir el contrabando que domina el mercado. Santiago Trejo, director ejecutivo de ADILE, asegura que una reducción del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) es la solución más efectiva.
Según Trejo, el ICE actual arrinconó a la industria formal y provocó que el consumo migre hacia productos más baratos que entran al país sin control sanitario ni pago de tributos. El directivo afirma que una rebaja en este impuesto fomentaría la formalización del mercado e incrementaría la recaudación fiscal. Además, Trejo destaca que estos recursos adicionales permitirían financiar campañas de prevención y consumo moderado.
«Este no solo es un tema recaudatorio o de salud pública, es un tema de seguridad que urge ser atendido», subrayó el representante de ADILE, al vincular directamente el contrabando con el financiamiento de actividades delictivas.
