El expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, intervienen de forma presencial en la audiencia de juzgamiento que se realiza en la Corte Nacional.
“La Fiscalía General del Estado demostrará que altos funcionarios públicos, aprovechando su posición, intervinieron de manera directa para viabilizar decisiones clave, particularmente en la adjudicación y financiamiento del proyecto, configurando una contraprestación indebida materializada en beneficios económicos, personales y familiares, lo que lesionó gravemente los principios de corrección, probidad y fidelidad que deben regir el actuar de los funcionarios públicos”.
Ese fue el resumen de lo que el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, se compromete a probar dentro de la audiencia de juzgamiento contra el exvicepresidente Lenín Moreno, el exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, el empresario Conto Patiño, el abogado en libre ejercicio Eduardo Carmigniani y otras diecisiete personas acusadas como autores directos y cómplices del delito de cohecho ocurrido, entre 2009 y 2018, en la contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción del en ese momento proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
El fiscal general indicó que a lo largo del periodo investigado se estructuró un entramado de corrupción mediante el cual funcionarios públicos y personas privadas recibieron cuantiosas dádivas a cambio de favorecer a la empresa Sinohydro en la adjudicación del contrato de ingeniería, provisionamiento de equipos y materiales, la construcción de las obras civiles, el montaje, pruebas y la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, de 1.500 megavatios de capacidad.
Según Alarcón, tras la adjudicación del proyecto hidroeléctrico, la empresa Recorsa S. A., con domicilio en Panamá, y comercial Recorsa C. A., con domicilio en Ecuador, representadas por el lobista Conto Patiño Martínez, fueron utilizadas como fachada para la recepción y canalización de pagos ilícitos provenientes de la empresa china estatal Sinohydro. La teoría del caso define que los sobornos entregados superan los $ 76 millones, monto que, aclaró el fiscal Alarcón, correspondería a la comisión del 4 % del valor total del contrato adjudicado por construcción del proyecto hidroeléctrico.
Las coimas, anotó, habrían sido distribuidas a través de transferencias, cheques y operaciones financieras, tanto nacionales como internacionales. El fiscal Alarcón refirió que como resultado de este “esquema delictivo” se habrían identificado claramente “núcleos de recepción de dádivas”. En primer lugar, el núcleo familiar relacionado con el exvicepresidente de la República Lenín Moreno e integrado por él, por su esposa, Rocío González, por su hija Irina Moreno, por sus hermanos Guillermo y Edwin Moreno Garcés y por su cuñada Martha González. Ellos habrían recibido en conjunto más de $ 1 millón, lo que, dijo, evidenciaría un beneficio económico directo e indirecto en su entorno más cercano.
“Esta circunstancia no resulta aislada, sino que guarda coherencia con su intervención en la viabilización del proyecto y, por ende, en la consolidación del esquema ilícito”, sostuvo. En segundo lugar, el núcleo familiar y empresarial relacionado con Conto Patiño, como accionistas y administradores de las compañías Comercial Recorsa C. A. y Recorsa S. A., integrado por Conto Augusto Patiño Martínez, por sus hijos María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia, Manuel Patiño Herdoíza, por su nieta Priscila Burneo, por su yerno Xavier José Macías Carmigniani, así como por José Eduardo Carmigniani Valencia y Carlos Osvaldo Almeida Almeida, en calidad de abogados vinculados a dichas compañías.
La Fiscalía dijo de Almeida que fue asesor en la Vicepresidencia de la República del Ecuador durante el periodo como vicepresidente de Lenín Moreno. Alarcón resaltó que el núcleo familiar de Conto Patiño y los abogados Carmigniani Valencia y Almeida “operaron como una estructura clave para la recepción y distribución de los sobornos a través de sus empresas, percibiendo en conjunto aproximadamente $ 58,8 millones, mediante el uso de cuentas personales, corporativas y compañías”. Carlos Alarcón, en representación de la Fiscalía y como acusador, afirmó que en esta audiencia de juicio probará su teoría fáctico-jurídica a través de veintiocho proposiciones.
Entre otras cosas, el fiscal general encargado mencionó que demostrará que en el periodo 2010-2018 las empresas comerciales Recorsa compañía anónima (Ecuador) y Recorsa sociedad anónima (Panamá) actuaron como estructuras receptoras y canalizadoras de dineros indebidos provenientes de la “empresa cohechadora” Sinohydro, beneficiando a los procesados a través de terceras personas y compañías que facilitaron la circulación de dichos fondos. También el fiscal dijo que demostrará que para la ejecución del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair no resultaba necesaria la intervención de intermediarios o personas del sector privado, ajenas a la estructura institucional, pues se trataba de un proyecto estatal cuya gestión y desarrollo correspondía exclusivamente a entidades públicas dentro del ámbito de sus competencias.
Por otra parte, el titular de la Fiscalía se comprometió a probar en el juicio que el núcleo familiar del procesado Conto Patiño, compuesto por sus hijos, su nieta, su yerno y los abogados Carlos Osvaldo Almeida Almeida y José Eduardo Carmigniani Valencia, cooperó en la “recepción de sobornos por medio de sus cuentas personales y empresariales, por un valor de $ 58,8 millones”. Asimismo, Alarcón explicó que probará con su prueba pericial, testimonial y documental que en el periodo del 2011 al 2016 el funcionario público Luciano Enrique Cepeda Vasco, con la cooperación de su cónyuge, María Augusta del Rocío Vaquero, recibió $ 323.000 y que Henry de Jesús Galarza Correa recibió $ 223.000, “provenientes del núcleo familiar y empresarial del señor Conto Patiño, como contraprestaciones por activos vinculados al elegir al ejercicio de sus cargos”.
“Con esta teoría fáctica, jurídica y probatoria, al cierre de esta audiencia, ustedes (jueces) llegarán al convencimiento total de que los procesados vulneraron el bien jurídico de la eficiencia de la administración pública, y, con ello, adecuaron su conducta al delito de cohecho, establecido en el artículo 285 y 290 del Código Penal, norma vigente a la fecha de los hechos y que actualmente se encuentra recogido en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal”, concluyó Alarcón.
Casi cuarenta minutos le tomó al fiscal general encargado dar a conocer su alegato de apertura, el cual incluyó el que se ratificaba su acusación contra siete de los procesados, entre ellos Lenín Moreno, Conto Patiño y Cai Runguo, como autores directos y otros diecisiete coprocesados como cómplices del delito de cohecho activo ocurrido con el fin de viabilizar y destrabar los mecanismos para la contratación de la empresa china Sinohydro para el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Ya intervino la Procuraduría General del Estado, como acusación particular, dando también a conocer su “alegato de apertura. Y de momento interviene David Meza, defensa del expresidente Lenín Moreno, de su esposa, Rocío González, y de su hija Irina Moreno.
