La Comunidad Andina determinó que los aranceles impuestos por Ecuador y Colombia afectan al desarrollo normal del comercio subregional, y el Senae dijo este 8 de mayo que lo emitido no es una sentencia del tribunal, sino una resolución administrativa.
La Comunidad Andina (CAN) ordenó a Ecuador y Colombia que, en un plazo de 10 días, retiren sus aranceles recíprocos, mediante resoluciones emitidas este 7 de mayo de 2026, en medio de la guerra comercial y las tensiones políticas entre los dos países. Según indicó el bloque regional en las resoluciones 2581, 2582 y 2593, las medidas impuestas por el gobierno de Daniel Noboa y el de su par colombiano, Gustavo Petro, afectan al comercio subregional andino, y vulneran el Acuerdo de Cartagena, que es el tratado constitutivo firmado por los países miembros de la Comunidad Andina en 1969.
El 21 de enero de 2026, el gobierno de Daniel Noboa anunció la imposición de una denominada «tasa de seguridad» a los productos provenientes de Colombia. La medida inicial fue un arancel del 30%, a lo que Colombia respondió de forma recíproca. El Gobierno ecuatoriano impuso el arancel con el argumento de que Colombia no mantiene un control efectivo de su lado de la frontera. En respuesta a los medios en Ecuador, el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) indicó brevemente que lo emitido por la CAN «no es una sentencia del Tribunal Andino, sino una resolución administrativa de la Secretaría General».
Hasta la mañana del 8 de mayo, el gobierno ecuatoriano no ha emitido otro pronunciamiento sobre lo dispuesto por la CAN. En la resolución 2582, la Secretaría General de la CAN resolvió que la denominada «tasa de servicio de control aduanero» con la que los productos colombianos que ingresan al Ecuador son afectados con un arancel del 100%, «vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina Consagrado en el Acuerdo de Cartagena».
De manera similar, el bloque regional señaló en la resolución 2583 que el «arancel recíproco» impuesto por Bogotá a los productos ecuatorianos, tras la implementación de la tasa de seguridad por parte de Noboa, constituye una «restricción al comercio subregional andino». Por último, en la resolución 2581, el organismo con sede en Lima, Perú, apuntó a que la la decisión de Quito de habilitar exclusivamente el paso internacional del puente de Rumichaca como único punto de ingreso para las mercancías colombianas por vía terrestre también es una restricción al comercio dentro de la CAN.
En el artículo tres de este último documento, el secretario general del bloque, Gonzalo Gutiérrez Reinel, indicó que la Comunidad Andina exhorta «a la República del Ecuador y a la República de Colombia a fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia de control fronterizo […] a fin de atender las problemáticas de seguridad identificadas en las zonas de frontera mediante acciones conjuntas, sin afectad el normal desarrollo del comercio subregional». Desde el 1 de mayo, Ecuador cobra aranceles del 100% a las importaciones de Colombia, medida que le Gobierno de Daniel Noboa anunció tras una serie de desacuerdos con el Gobierno de Gustavo Petro.
En respuesta, Colombia aprobó la imposición de aranceles de hasta el 75% a los productos ecuatorianos. Pero el 4 de mayo, el Gobierno ecuatoriano anunció que los aranceles bajarán al 75% desde el 1 de junio. La candidata presidencial Paloma Valencia, de Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, se atribuyó esa gestión.
