La política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro tuvo un nuevo revés tras la decisión de frenar las negociaciones con una de las principales disidencias de las antiguas FARC, liderada por alias “Calarcá”.
El mandatario confirmó la medida durante el más reciente consejo de ministros, al cuestionar el cumplimiento de los acuerdos por parte del grupo armado y advertir que no continuará un proceso sin garantías reales. El anuncio supone un punto crítico en la recta final de su gobierno, a menos de cuatro meses de concluir su mandato. Petro ordenó al consejero de paz, Otty Patiño, revisar el estado de los diálogos luego de denuncias sobre acciones violentas atribuidas a esa organización armada.
De acuerdo con el jefe de Estado, el comportamiento del grupo contradice los compromisos adquiridos en la mesa de negociación y debilita la confianza institucional.
“Le he pedido a Otty Patiño (…) que si el señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó a matar soldados (…) pues no hay paz”, afirmó el presidente. En su intervención, dejó claro que la continuidad del proceso depende de condiciones verificables. “La paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”, insistió, marcando un tono más exigente frente a los grupos armados. El grupo encabezado por “Calarcá” hace parte del Estado Mayor de Bloques, una de las estructuras criminales más grandes surgidas tras la desmovilización de las FARC luego del acuerdo de paz de 2016.
Estas disidencias no se acogieron a las negociaciones y han mantenido presencia activa en regiones estratégicas de Colombia, especialmente en la Amazonía y en la frontera con Venezuela, donde dominan el control territorial y las economías ilegales. De hecho, se prevé que esta organización ha continuado con ataques contra la fuerza pública y la población civil, mientras sostiene actividades como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y la deforestación para expansión ganadera.
Estas prácticas han sido señaladas como incompatibles con los compromisos ambientales y humanitarios planteados en las negociaciones, lo que terminó por socavar la viabilidad del diálogo. La suspensión de este proceso se suma a una cadena de rupturas que han marcado la política de paz del actual gobierno. En distintos momentos, los diálogos con otros actores armados también han enfrentado suspensiones o retrocesos, lo que ha puesto en duda la efectividad de la estrategia integral planteada desde el inicio del mandato.
Además del anuncio presidencial, el Clan del Golfo, que es considerado el mayor grupo narcotraficante del país, descartó la posibilidad de firmar un acuerdo de paz antes del fin del actual gobierno. Su abogado, Ricardo Giraldo, afirmó que ve “imposible” alcanzar un acuerdo definitivo en este periodo, pese a las conversaciones que se desarrollan en Catar. Según explicó, la intención del grupo es que cualquier negociación tenga continuidad más allá del actual mandato.
“Es imposible, por más que lo quisieran, llegar a un acuerdo final de paz”, señaló, sugiriendo que el proceso debería proyectarse como una política de Estado y no depender exclusivamente del gobierno de turno. Esta postura introduce un nuevo factor de incertidumbre sobre el futuro de los diálogos. Ambas negociaciones, tanto con las disidencias como con el Clan del Golfo, eran pilares centrales de la estrategia de “Paz Total”.
El objetivo del plan era lograr el desarme simultáneo de todos los grupos armados activos en el país, una apuesta ambiciosa en un contexto de conflicto prolongado y fragmentado. El panorama se complica aún más al considerar otros procesos fallidos o suspendidos. Las negociaciones con el ELN se suspendieron tras un ataque en la frontera que dejó más de 100 muertos, mientras que otra disidencia de las FARC, liderada por alias Iván Mordisco, abandonó la mesa y recrudeció sus acciones armadas con atentados que incluyeron coches bomba y drones.
A causa de este contexto, los grupos armados lejos de debilitarse se fortalecieron durante los periodos de cese al fuego y negociación. Esta percepción ha alimentado críticas desde distintos sectores políticos, incluidos expresidentes, opositores y miembros retirados de la fuerza pública, quienes cuestionan los resultados de la estrategia. Por ello, el gobierno ha comenzado a endurecer su postura en materia de seguridad, especialmente ante la cercanía de las elecciones que definirán al próximo presidente.
A esto se suma la presión internacional, particularmente desde Estados Unidos, donde se han expresado preocupaciones por los niveles de narcotráfico y la efectividad de las acciones para contenerlo. Con resultados limitados, la política de paz de Gustavo Petro entra en su fase final enfrentando un entorno adverso, donde las expectativas iniciales contrastan con una realidad marcada por rupturas, desconfianza y desafíos que siguen sin resolverse.
