La tensión entre Colombia y Ecuador, que este 1 de abril de 2026 cumplirá dos meses, trasciende el ámbito de la seguridad. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, reveló que antes de imponer la tasa del 30 % a las importaciones colombianas —respuesta a la falta de control fronterizo— planteó tres medidas acordadas previamente: la venta de electricidad desde Colombia, el refuerzo del control en la frontera y la recepción de personas privadas de libertad de Colombia y Venezuela. Colombia suspendió la venta de energía el 22 de enero de 2026, un día después del anuncio de la tasa. Pese a que Ecuador recurrió constantemente a estas importaciones en 2025 —clave para mantener la reserva del embalse Mazar—, el país busca ahora mejores condiciones. Noboa propuso congelar la tarifa en 1,6 centavos por kWh durante un año, argumentando cooperación por ciclos climáticos opuestos. Sin embargo, expertos señalan que el mercado colombiano, privado y basado en precios spot, no permite tarifas fijas. Además, Colombia primero cubre su demanda interna y comercializa excedentes a corto plazo. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Colombia calificó la propuesta como inviable bajo la normativa actual. Aunque se evaluaba un esquema de contratos a largo plazo, este se frenó tras la medida ecuatoriana. Noboa justificó su iniciativa recordando que en 2017 Ecuador vendió energía a 1,6 centavos, mientras que en 2024 Colombia cobró hasta 28 centavos en plena crisis. Más allá de la energía, Ecuador insiste en reforzar la presencia militar en la frontera norte y en que Colombia reciba a unos 3.000 reos de nacionalidad colombiana y venezolana. La reactivación del comercio energético, en tanto, dependerá más de decisiones políticas que de condiciones técnicas.
