SE ABRE LA PUERTA GRANDE AL CAPITAL PRIVADO

La Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Minería y Energía, abriendo paso a la inversión privada, eliminando la reversión de activos al Estado, manteniendo la consulta previa para la explotación minera y habilitando la protección de las Fuerzas Armadas frente a la minería ilegal y el crimen organizado. Con la aprobación de 28 de los 29 artículos, la Asamblea dio un nuevo guiño al presidente Noboa en su afán de ordenar el uso de recursos por parte de los gobiernos locales. La ley mantiene el 60% de las regalías para los GAD, pero exige la presentación previa de planes de inversión para su desembolso. Una novedad relevante: el 50% de la asignación local podrá destinarse a comunidades indígenas en las zonas de influencia del proyecto. La reforma habilita a actores privados a invertir en autogeneración y elimina la obligación de revertir activos privados al Estado, reduciendo el riesgo de perder la inversión. Además, permite la instalación de redes de distribución para la autogeneración eléctrica, lo que puede aliviar la presión sobre la red pública. La ley mantiene la consulta previa en la fase de explotación minera, e introduce un permiso ambiental más ágil para la etapa de exploración. Con la formalización de la minería, el Estado y la sociedad podrán ejercer mayor supervisión y control, ahora con respaldo de las Fuerzas Armadas. Ninguna norma es perfecta ni final; el texto deja pendiente la inclusión de incentivos para la generación de gas natural. La reforma puede marcar el inicio hacia mayor seguridad energética, mejor uso de regalías y control frente al crimen en el sector minero.