Durante las últimas dos décadas, el crimen organizado ha evolucionado hacia estructuras que operan con lógica militar irregular: emplean logística avanzada, comunicaciones encriptadas y, cada vez más, operaciones aéreas no convencionales. En América Latina, África y Asia, organizaciones criminales utilizan aeronaves ligeras, drones y vuelos rasantes para transportar drogas, armas, dinero y personal, además de realizar vigilancia y control territorial. Este fenómeno, evidenciado también en Ecuador, ha encendido alertas en los sistemas de seguridad. Sin embargo, persisten brechas operativas y legales. “No basta con tener aeronaves; se requiere una doctrina específica”, señala Laura Minto, especialista en aviación táctica.
Además, el uso intensivo del espacio aéreo plantea dilemas jurídicos: muchas legislaciones no están preparadas para enfrentar redes criminales con movilidad aérea sin afectar derechos civiles. “La seguridad no puede avanzar sin controles legales”, advierte el penalista Jorge Acuña. El problema es regional. Las rutas se desplazan según la presión policial, y las pistas clandestinas se multiplican en zonas rurales. La respuesta aislada es ineficaz: sin cooperación, el tráfico solo se mueve de lugar. Además, el verdadero conflicto se libra en tierra: las aeronaves son útiles solo si existen zonas seguras para operar. “El dominio aéreo es un reflejo del dominio territorial”, concluye Acuña.
LA TECNOLOGÍA ES CLAVE: HELICÓPTEROS con sensores térmicos, drones de largo alcance, radares móviles y comunicación encriptada. Pero el factor humano es igualmente crucial: pilotos entrenados, analistas y equipos coordinados. Sin personal capacitado, la tecnología es una inversión pasiva.
