San Antonio, con un 60% de población latina, abordó en su consejo municipal la creciente inquietud por el aumento de operativos migratorios federales. La alcaldesa Gina Ortiz Jones admitió que el margen de acción local es «limitado» ante las leyes federales y estatales El jefe de policía, William McManus, explicó que la ley estatal SB4 obliga a cooperar con las autoridades migratorias, bajo amenaza de sanciones.
Aunque el SAPD ajustó su protocolo, su participación en redadas se limita a seguridad perimetral cuando es requerido, lo que ocurre raramente. El debate surge tras una redada reciente con más de 140 detenidos. Residentes como María Cid de León denunciaron el aumento de la presencia de ICE en zonas de bajos ingresos: «Tenemos miedo simplemente por cómo nos vemos». La promotora comunitaria Marta Castilla alertó sobre el miedo que paraliza a la comunidad, incluso entre ciudadanos, quienes evitan denunciar delitos por temor a ser detenidos.
