LA SOCIEDAD ESTÁ INDEFENSA
En el escenario político ecuatoriano, el concepto de probidad notoria parece haber desaparecido. Hoy se designan altas autoridades públicas amparándose en la presunción de inocencia de personajes que carecen de prestigio y cuyos antecedentes no respaldan su idoneidad. Las autoridades nominadoras sostienen que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y, bajo ese argumento, defienden nombramientos cuestionables. Sin embargo, la probidad notoria va mucho más allá de la inexistencia de condenas en una hoja de vida. Este principio alude a una conducta pública y privada marcada por la honestidad, la rectitud y una integridad intachable, reconocida socialmente. No se limita a la ausencia de antecedentes penales, exige una trayectoria ética, transparente y coherente, sobre todo en quienes aspiran a ejercer cargos de alta responsabilidad pública. El olvido de este concepto ha permitido que se ponga al frente de instituciones clave, como la Fiscalía o el Consejo de la Judicatura, a funcionarios sin trayectoria profesional relevante ni respetabilidad en el ámbito público. En consecuencia, la ciudadanía queda indefensa y vulnerable, sometida a la conducción de personas de dudosa reputación, lo cual debilita aún más la institucionalidad y profundiza la desconfianza en el Estado ecuatoriano.
