LA SOBERANÍA DEL PUEBLO VENEZOLANO

Mucho se ha comentado la detención realizada por el gobierno de Estados Unidos del “presidente” de Venezuela, Nicolás Maduro, por supuestos vínculos con el crimen transnacional y el narcotráfico. No se discute si su captura, realizada de manera militar, viola el Derecho Internacional, pero tampoco puede sostenerse que el Derecho Internacional proteja a gobiernos tiránicos ni a delincuentes. Lo que debe debatirse transparentemente a nivel internacional, sin hipocresías ni lecturas convenientes o sesgadas, es la autoridad moral para exigir respeto a la soberanía de un Estado que viola y desconoce los derechos soberanos de sus habitantes, los encarcela y los condena al sufrimiento y a la pobreza, obligándolos a emigrar y a vivir en situaciones infrahumanas fuera de su país. Esa triste situación no puede defenderse reclamando autodeterminación. El propio Derecho Internacional establece que la soberanía radica en el pueblo: el soberano es el pueblo y no los gobiernos. Los gobernantes son mandatarios, y si un mandatario nocumple con el encargo que se le ha confiado, el pueblo tiene el derecho de revocarle el mandato. Eso lo hizo, de manera apabullante, el pueblo venezolano en las elecciones del 28 de julio de 2024, al elegir a Edmundo González como presidente, mientras que Maduro solo alcanzó el apoyo del 30 % de los electores, pero se mantuvo en el poder por la fuerza. Impidió que votaran los venezolanos desplazados, quienes ahora celebran la posibilidad de recuperar sus libertades, regresar a su país y reunirse con familiares y vecinos de los que nunca debieron separarse. Un problema de tan alto y candente contenido político y humano no puede ser juzgado únicamente a través de frías disposiciones legales ni desde la comodidad de un escritorio; lo justo debe prevalecer siempre sobre lo meramente legal. Cabe preguntarse: ¿debe la comunidad internacional ser indiferente ante una crisis humanitaria, con un pueblo sometido a toda clase de vejámenes porque un gobierno le impide expresarse y ejercer sus legítimos derechos, o debe contribuir a su liberación?