Antes de que se termine el año, el 31 de diciembre, el Presidente de la República modificó el reglamento de minería. Entre los cambios más importantes están el cálculo de regalías, la transferencia de concesiones, las condiciones contractuales y la eliminación de concesiones. ¿Qué implican estas medidas? El decreto redefine la fórmula para calcular las regalías. Ese cálculo dependerá del tamaño del proyecto y del tipo de metal. Las concesiones de oro y plata deberán pagar sobre sus ingresos brutos, lo que significa que ya no podrán descontar gastos como los de refinación y transporte. En el caso del cobre, se podrán descontar algunos gastos dependiendo del tamaño del proyecto. En 2025 se proyectó exportar USD 4 mil millones en minerales, con un pago de tributos de USD 1 100 millones, y con estas reformas los ingresos para el Estado se incrementarían.
El reglamento también abre un candado que impedía que las titulares de derechos mineros pudieran hacer transferencias parciales de esas concesiones. Esto impedía que concesiones mineras pudieran realizar cesiones parciales y se ha señalado que esta posibilidad facilitará la llegada de inversiones para el desarrollo de los proyectos. Un cambio polémico es que el Estado podrá, en la etapa precontractual, disponer la revisión, modificación o renegociación de los términos, condiciones y cláusulas previamente acordadas. Se justifica señalando que se lo hará para precautelar los intereses del Estado, pero desde el sector privado se lo entiende como un eventual elemento de inseguridad jurídica que frenaría inversiones. Pero quizá lo que más preocupa a la industria es la posibilidad de que el Estado declare la extinción de pleno derecho de cualquier concesión minera si, tras cuatro años de entregada dicha concesión, la empresa, por causas que le sean imputables, no ha obtenido los permisos.
