Christian Murillo Delgado PHD
Ph.D. en Gestión Pública y Gobernabilidad
Este domingo nuestro país decidirá sobre la consulta popular, la que se realizará en medio de una crisis de seguridad heredada de gobiernos anteriores; así como también ante la escasa institucionalidad de muchos sectores, especialmente del judicial y el legislativo cuya credibilidad ha venido decayendo por muchos acontecimientos notorios sin dejar de mencionar los bajos índices de fiabilidad en el ejercicio de la democracia, que entre otras cosas, es producto de partidos y movimientos que lejos de aportar elementos que rescaten mediante gestiones coherentes al estado ecuatoriano no generan confianza en el electorado, sin embargo a pesar de estos criterios generales vale la pena desmenuzar un poco el contenido de estas preguntas afín de que sepamos porqué vamos a votar y qué poder esperar ante la decisión del soberano en este fin de semana. Sobre la primera pregunta relacionada a la eliminación de la prohibición de las bases militares solo debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué tan seguros hemos estado desde la prohibición de bases militares extranjeras? Otra pregunta sería: ¿Después de que se fue el FOL o Base de Manta el control del crimen organizado y el narcotráfico ha mejorado o ha llegado a niveles alarmantes? Las respuestas a estas interrogantes las conocemos bien, más aun teniendo en cuenta que no tenemos los recursos económicos, tecnológicos y logísticos para combatir a una criminalidad que ha alcanzado niveles nunca antes vistos en la existencia de nuestra república, sumado al hecho de que el recibir este tipo de ayuda generará entre otros efectos la mejora en el tema de la relación bilateral del o de los países cooperantes y por ende incrementará la cooperación internacional no solo en seguridad sino en el control, y porque no en el rescate del tejido social que tanta ayuda requerimos. En relación a la segunda pregunta debemos considerar que el manejo de recursos financieros por parte de los partidos y movimientos políticos no ha producido actores políticos que sean generadores de políticas que hayan tenido un efecto positivo, salvo casos excepcionales, pero también que la participación democrática debe partir con criterios de paridad en el gasto electoral, por lo que de ganar el sí en esta pregunta esperamos que motive a los partidos que dependen del fondo partidista del CNE para su subsistencia a generar mejor calidad en sus propuestas así como a promover personas cuyo perfil genere confianza para que al menos, sino cuentan con el presupuesto, afronten el ejercicio electoral con verdaderos proyectos políticos; por otro lado de ganar el no en esta pregunta deben realizarse controles de esos aportes, si los partidos reciben este financiamiento deben invertirlo en la formación de jóvenes y de cuadros políticos para que en el caso de que les corresponda ejercer funciones de responsabilidad las asuman con la capacitación e instrucción política necesaria para afrontar el reto de la administración pública; ya es hora de “profesionalizar la política” y considerar el hecho de que así como en las empresas del sector privado, se requieren perfiles técnicos para la generación de ganancias con efectos en estos grupos económicos más aún se los debe tener con algo más delicado y con mayor presupuesto como lo es el óptimo y buen funcionamiento del estado lo cual tiene un efecto en todos los habitantes. Sobre la tercera pregunta cabe reflexionarla de la siguiente forma: la función legislativa en la historia de nuestro país ha arrojado muchos aportes de legisladores excepcionales, no así en los periodos de las últimas décadas donde la improvisación y la escasa formación política ha reducido los niveles de aceptación de una Asamblea que ha llegado a compararse en algunos periodos como un circo; ante esta realidad el incremento de legisladores, lejos de ser algo positivo para nuestro estado se ha convertido en un gasto enorme para las arcas del mismo por lo que la reducción del número de padres de la patria al menos también bajará la carga económica de un país que necesita reducir gastos; sin embargo esta reducción de legisladores deberá ser complementada, de llegar a una Asamblea Constituyente, en establecer condiciones mínimas de participación que permitan devolverle al legislativo la gallardía y señorío de aquellos diputados y senadores cuyos discursos, discusiones y proyectos de ley aportaron cultura a la política ecuatoriana. Finalmente sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente solo vale recordarnos que desde el 2008 nos encontramos ante un estado fallido que no ha dado garantías efectivas para la sociedad ecuatoriana, la escasa institucionalidad que surgió desde esa época es efecto de aquello a más de los obstáculos que no permiten las mejoras en una u otra área, las que impedidas por estas “garantías constitucionales” que no protegen a la gente que debe garantizarse sino que lo hace con grupos minoritarios que se han beneficiado de los abusos que se heredaron desde Montecristi.
