La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) es un caso emblemático del sindicalismo dorado en el país. Sus trabajadores tienen beneficios que solo se comparan con otras empresas del Estado, donde se pagan guarderías, gastos de alimentación, bonos por antigüedad, servicios médicos y dentales para los empleados y sus familias, entre otros. En un país donde millones de ciudadanos sobreviven con menos de USD 500 al mes, existe un grupo de trabajadores estatales que ha convertido al aparato público en una máquina de privilegios, no por mérito, sino por poder sindical. Hoy está en el centro de la polémica el sindicato de CNEL, el rostro más visible de la burocracia dorada. Desde 2018, la institución ha operado bajo un contrato colectivo que no solo desafía la lógica económica, sino que vulnera principios constitucionales de equidad y sostenibilidad.
Este acuerdo, negociado y firmado en los últimos días del Gobierno de Lenín Moreno, garantiza contratos de ocho años, indemnizaciones de hasta 96 sueldos mensuales y pagos por renuncia voluntaria que superan los USD 30.000 por trabajador. Pero lo más escandaloso es que estos beneficios fueron extendidos retroactivamente a más de 1.795 empleados que no debían estar sindicalizados, gracias a una acción de protección impulsada por el dirigente hoy cesado Richard Gómez en un juzgado de Los Ríos. El resultado: más de 522 millones de dólares en beneficios sindicales entre 2018 y 2023.
