Un grupo de adultos mayores y personas con discapacidad decidió presentar una acción de protección para exigir que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne recursos al Servicio de Rentas Internas (SRI) para que se concrete la devolución del impuesto al valor agregado (IVA). Según denunciaron, llevan entre siete y 11 meses esperando un reembolso que, por norma, debería entregarse en un plazo máximo de 60 a 90 días. La acción ya fue sorteada y está en conocimiento de una jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer y Adolescencia. El abogado Jorge Itúrburu Salvador, representante de los afectados, explicó que pese a múltiples oficios y solicitudes, los reclamos no han sido atendidos ni por el SRI ni por la cartera de Finanzas. “No estamos pidiendo un regalo.
La Constitución, la Ley del Adulto Mayor, la normativa sobre discapacidad y los reglamentos reconocen este derecho. Lo único que exigimos es que se devuelva lo que corresponde por ley”, enfatizó el abogado. Según Itúrburu, los adultos mayores y personas con discapacidad han enviado oficios incluso a la Presidencia de la República de Ecuador, que a su vez derivó el tema al SRI. Sin embargo, la institución no ha dado respuesta, y tampoco Finanzas ha asignado los recursos necesarios. “Ni al presidente de la República le hacen caso. Esa es la gravedad del problema: la Presidencia ya dio la orden de que se atienda esta situación, pero La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) es un caso emblemático del sindicalismo dorado en el país. Sus trabajadores tienen beneficios que solo se comparan con otras empresas del Estado, donde se pagan guarderías, gastos de alimentación, bonos por antigüedad, servicios médicos y dentales para los empleados y sus familias, entre otros.
En un país donde millones de ciudadanos sobreviven con menos de USD 500 al mes, existe un grupo de trabajadores estatales que ha convertido al aparato público en una máquina de privilegios, no por mérito, sino por poder sindical. Hoy está en el centro de la polémica el sindicato de CNEL, el rostro más visible de la burocracia dorada. Desde 2018, la institución ha operado bajo un contrato colectivo que no solo desafía la lógica económica, sino que vulnera principios constitucionales de equidad y sostenibilidad. Este acuerdo, negociado y firmado en los últimos días del Gobierno de Lenín Moreno, garantiza contratos de ocho años, indemnizaciones de hasta 96 sueldos mensuales y pagos por renuncia voluntaria que superan los USD 30.000 por trabajador.
Pero lo más escandaloso es que estos beneficios fueron extendidos retroactivamente a más de 1 795 empleados que no debían estar sindicalizados, gracias a una acción de protección impulsada por el dirigente hoy cesado Richard Gómez en un juzgado de Los Ríos. El resultado: más de 522 millones de dólares en beneficios sindicales entre 2018 y 2023. La Corte Constitucional hasta hoy no hay solución, no han devuelto el IVA”, indicó. La acción de protección busca que el Ministerio de Finanzas justifique los valores pendientes y que el SRI procese cada reclamo represado. Actualmente ocho personas han firmado la acción de protección, pero se están recogiendo más adhesiones.
