Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la República Argentina, cumplirá seis años de arresto domiciliario, con tobillera electrónica, por una condena de corrupción. La sentencia, además de los seis años, la inhabilita de manera perpetua para ejercer cargos públicos u otorgar asesorías legales, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, durante sus dos mandatos 2007-2011 y 2011-2015, al igual que durante el periodo de su difunto marido, Néstor Kirchner, que gobernó del 2003 al 2007.
Una de las razones del juez para otorgar el arresto domiciliario es la edad de Kirchner, quien tiene 72 años. El peronismo se une ante lo que considera una “proscripción arbitraria” y una “persecución intencionada” por parte de la justicia, pocos días después de que Fernández de Kirchner anunciara su regreso a la política.
De acuerdo a la resolución judicial, la prisión domiciliaria tiene vigencia desde este mismo martes y Fernández no tendrá que comparecer en persona en los tribunales, cuando tenía previsto hacerlo este miércoles.
El juez le impuso a Fernández una serie de condiciones, entre ellas, que no podrá abandonar su domicilio “salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”.
También deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la “convivencia pacífica” de sus habitantes.
En un plazo de 48 horas, Fernández deberá presentar ante la Justicia un listado de las personas que integran su grupo familiar, su custodia policial, los profesionales médicos que la tratan normalmente y los abogados que la representan, quienes podrán acceder a su domicilio sin autorización judicial.
Centenares de personas se agrupan este martes a las puertas de la casa de la expresidenta para mostrarle su apoyo. Mañana, miércoles 18 de junio, se espera una movilización convocada por el Partido Justicialista bajo el lema “Argentina con Cristina”.