Al menos 74 informes con indicios de responsabilidad penal aprobó la Contraloría General del Estado con respecto a las declaraciones patrimoniales de servidores públicos. En un comunicado, la institución detalló que estas corresponden a procesos de control de la información patrimonial de funcionarios de la Función Judicial, Fuerzas Armadas, gobiernos autónomos descentralizados, órganos del gobierno central, hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y otras entidades. En este proceso también se han examinado y aprobado 113 informes generales, sin indicios de actos ilícitos. Y actualmente se ejecutan otros 67 exámenes a declaraciones patrimoniales.
Según la Contraloría, la Dirección Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social (DNA7) comenzará en 2025 118 auditorías más “para verificar la legalidad, exactitud y veracidad de los movimientos patrimoniales reportados por los servidores del Estado”. El área supervisa a entidades clave como:
lESS y sus entidades de salud, Ministerio de Salud Pública, ISSFA e ISSPOL. EL CNE Y LA CONTRALORÍA FIRMAN UN ACUERDO PARA EL CONTROL DE BIENES Y RECURSOS PÚBLICOS La Controlaría General del Estado colaborará con el control de los bienes y recursos públicos durante el proceso de elecciones generales de 2025. Este 9 de enero, la institución firmó un acuerdo de cooperación con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para identificar posibles infracciones electorales.
Mauricio Torres, Contralor General del Estado, resaltó que se investigarán las denuncias relacionadas con la presunta utilización de recursos públicos con fines proselitistas para, de ser el caso, establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, la titular del CNE, Diana Atamaint, enfatizó en la necesidad de las acciones coordinadas para el “control efectivo de la utilización de los bienes y recursos públicos” durante los procesos electorales.
