María Daniela Icaza tenía a su cargo la mayor cárcel de este país, la Penitenciaría del Litoral. Era la máxima representante del Gobierno en uno de los establecimientos de rehabilitación social de más alta peligrosidad del país, en donde se han registrado violentas masacres en los últimos seis años y en cuyo interior operan las más peligrosas organizaciones delictivas. Sin embargo, ni un solo policía la protegía.
En su día a día, la funcionaria se movilizaba en un vehículo viejo, con un civil que le hacía de expreso. A ella, el Gobierno no la protegía de las mafias con las que, debido a su designación, lidiaba. Nueve días antes del asesinato de Icaza, el responsable de otro centro de privación de libertad también fue acribillado. Las circunstancias del hecho fueron muy similares. El vehículo en que se movilizaba Álex Guevara, el entonces director de la cárcel de Sucumbíos, fue atacado con más de 20 disparos la tarde del martes 3 de septiembre.
