EL ‘OFFSHORING’ DE LA JUSTICIA

A lo largo del debate que la propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal ha despertado, miembros del partido Revolución Ciudadana, la principal fuerza del país, no han tenido empacho en declarar abiertamente su desconfianza y desdén hacia el sistema de justicia. Asimismo, insisten en una reforma que permita a organismos internacionales revertir sentencias dictadas por la justicia ecuatoriana. Ambas ideas —tanto la aversión hacia la justicia local como el ver con buenos ojos a las instancias internacionales— son ampliamente extendidas en el país, pero no resultan convenientes en este momento. Llama mucho la atención la conveniencia con la cual hoy apelan a la infalibilidad de los organismos internacionales cuando, por muchos años y con una astucia implacable, el presidente Rafael Correa intentó desmantelar el sistema interamericano de Derechos Humanos, empezando por la Relatoría para la Libertad de Expresión. Durante su década en el poder, ese partido no solo se tomó el control de la Justicia, sino que diseñó el mismo sistema institucional que hoy señalan como corrupto. Las instancias internacionales están diseñadas para otorgar garantías extraordinarias cuando el sistema local se ha agotado, cuando existe una violación de derechos fundamentales, inminente y verificada, mas no para relevar a la justicia nacional en casos ordinarios de orden interno. Asimismo, dichas instituciones también enfrentan limitantes de diferentes tipos y distan todavía de ser la instancia supranacional universal con la que tantos sueñan. Ecuador no puede evadir la tarea de crear una Justicia honesta, eficiente y prestigiosa. El objetivo es ser un estado verdaderamente soberano y funcional, no un ente tutelado por entidades internacionales, inoperante hasta en lo más fundamental.