El juez constitucional declaró responsable al Estado por acción y omisión. Acción porque las Fuerzas Armadas incurrieron en acciones que atentaron contra la integridad personal de las personas privadas de libertad al someterlas a maltratos que presumiblemente podrían ser tortura (esto último deberá ser investigada por la Defensoría del Pueblo).
Omisión porque el SNAl no está ejerciendo su competencia de gestionar los centros penitenciarios debido a la intervención militar, según la entidad. De acuerdo a esta organización, el Estado debe otorgar los suministros de aseo, colchonetas y demás herramientas de uso personal a las personas detenidas y no los familiares. Asimismo, el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles activará todas las vías legales correspondientes para hacer efectivo este dictamen judicial.
