LA PRIVACIDAD CIUDADANA AMENAZADA
En su comparecencia frente a la comisión de asambleístas que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, el director del Sistema Ecu-911 denunció el mal uso de los servicios de localización de personas a partir de su número telefónico. En una estremecedora revelación, informó que 529 usuarios irregulares —no identificados— habían tenido acceso a la aplicación para ubicar y rastrear a ciertos individuos, aunque no informó cuántas veces, ni en contra dequiénes se habían empleado este servicio.
La situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que, tal y como denunció uno de los asambleístas, el registro de usuarios en dichas aplicaciones requiere la aprobación y colaboración de personal policial. El abuso de un sistema de esta naturaleza, y a tal escala, implica una gran cantidad de testigos y de complicidad a nivel institucional. Como si ello no bastara, el funcionario aseguró que él mismo había sufrido también rastreos y amenazas de muerte.
En el mundo actual, el uso intensivo de dispositivos y la participación permanente en flujos de información hacen que la privacidad y libertad de los ciudadanos esté amenazada como nunca antes. Los gobiernos cuentan hoy con herramientas de vigilancia y seguimiento que antes hubiesen resultado inimaginables. Por tanto, cualquier acción de rastreo o intromisión en la esfera privada debe ser justificada y registrada. La Justicia debe tomar cartas en el asunto al respecto de esta denuncia.
