La extorsión ya no es un problema marginal en Ecuador, va camino a institucionalizarse. El aparato jurídico ecuatoriano, desbordado e ineficiente, no ha logrado frenar esta modalidad delictiva que obliga a ciudadanos y empresarios a elegir entre pagar ‘vacunas’ o arriesgar sus vidas y patrimonios. No obstante, quien opta por los pagos debe saber que podría enfrentar riesgos que trascienden las fronteras nacionales.