La reciente y masiva filtración de datos biométricos en el país ha dejado al descubierto una realidad alarmante: la infraestructura tecnológica de las instituciones públicas enfrenta un rezago crítico, con plataformas de seguridad que superan los 15 años de antigüedad. Este escenario convierte a los ciudadanos en blanco fácil para una inminente ola de estafas, suplantación de identidad y fraudes bancarios de consecuencias devastadoras.