Antonio Álvarez, actual presidente de Barcelona, causó polémica este sábado 11 de octubre durante la Asamblea de socios del club que se desarrolló en el estadio del equipo que preside. Álvarez habló sobre su postulación política, cuando ya era presidente del club, la supuesta persecución recibida por parte del Gobierno de Daniel Noboa y lo que ha significado su etapa al mando del ‘Ídolo’.

Hablando de las obras alcanzadas en gestiones con el Municipio de Guayaquil, como la adquisición de un terreno, dijo que «no hay política en Barcelona, que nos quieran meter la mano y que nos quieran fregar es diferente», dijo Álvarez sin referirse a nombres en particular Tras la pregunta de uno de los socios presentes en la Asamblea, sobre su participación como candidato alterno de Centro Democrático para el Parlamento Andino, en las elecciones de febrero del 2025, Álvarez dijo que fue para evitar la prisión. «Fui candidato alterno, ni siquiera sé dónde fui candidato alterno. Lo hice para que no me metan preso, para tener inmunidad, esa es la verdad; porque sabemos que el Presidente de la República es una persona que persigue a todo el mundo.

Decenas de militares arriban a Quito por vía aérea la tarde de este viernes 10 de octubre del 2025 con el objetivo de reforzar la seguridad en el país, informaron las Fuerzas Armadas. El movimiento de los uniformados desde los puntos menos conflictivos del país responde a un anuncio realizado por el presidente de la Confederación de Nacionalidades del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, de trasladar las movilizaciones del movimiento indígena hacia Quito.

El amplio despliegue de unidades militares busca “reforzar la seguridad en Quito y en las zonas de la Sierra Norte, donde se registran los mayores niveles de riesgo y conflictividad, indicaron las Fuerzas Armadas en su cuenta de X. El comunicado añade que el movimiento de militares busca contener posibles amenazas y fortalecer el control territorial.

El representante de la ONU en Derechos Humanos para América del Sur, Jan Jarab, se reunió con los dirigentes de los pueblos Kichwa de la Sierra norte del país para analizar “la situación de derechos humanos en el contexto de las movilizaciones que se desarrollan en Ecuador desde los últimos días de septiembre”, informó este 10 de octubre de 2025 la Oficina Regional del Alto Comisionado.

Jarab mantuvo un encuentro de forma telemática el jueves, en donde los voceros indígenas le manifestaron que existe preocupación por el aumento de la presencia militar y policial en las comunidades que han participado en las movilizaciones, en el contexto del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Aunque no mencionó los nombres de los dirigentes que participaron en la reunión, el representante de la ONU señaló que los voceros solicitaron esclarecer la muerte del comunero indígena, Efraín Fuerez, quien perdió la vida el pasado 28 de septiembre en Cotacachi, provincia de Imbabura

La Corte Constitucional se pronunció la noche de este viernes 3 de octubre sobre los decretos ejecutivos 134 y 146 emitidos por el presidente Daniel Noboa en los que declaró el estado de excepción en siete provincias. El organismo decidió que la medida únicamente es viable en las provincias de Carchi e Imbabura, en donde se han suscitado hechos que configuran una situación de grave conmoción interna.

Además, indicó que el decreto 134, en el que se dictó estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas es inconstitucional, ya que no existen hechos que fundamenten la medida. El presidente Noboa emitió ambos decretos en el marco del paro nacional convocado por los movimientos indígenas en contra de la eliminación del subsidio al diésel.

NO DA PASO AL TOQUE DE QUEDA En cuanto a las medidas dictadas en ambos decretos ejecutivos, la Corte indicó que es constitucional la limitación del derecho a la libertad de reunión y el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las provincias de Carchi e Imbabura. Sin embargo, indicó que su actuación debe ser en estricto apego al respeto al legítimo ejercicio del derecho a la protesta y resistencia pacífica.