El Gobierno puso en vigencia un nuevo Reglamento General contra el lavado de activos y financiamiento de delitos, a través del Decreto Ejecutivo 298 firmado por el presidente Daniel Noboa. Entre los cambios principales, el reglamento faculta a la UAFE a inmovilizar fondos hasta por 72 horas en casos considerados urgentes. Además, según el reporte, mantiene la prohibición de transacciones en efectivo desde USD 10 000, con el objetivo de frenar flujos ilícitos y recuperar activos.

NUEVA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL Otro eje del Decreto es la creación del CONCLAFT, concebido como un espacio de coordinación interinstitucional para enfrentar riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas, con participación de entidades financieras, organismos de control y de seguridad.

MÁS OBLIGACIONES PARA BANCOS Y SUJETOS OBLIGADOS La normativa endurece requerimientos para bancos, cooperativas y otros sujetos obligados, con énfasis en debida diligencia, control y monitoreo de operaciones, además del principio “conozca a su cliente” para identificar el origen lícito de fondos y detectar operaciones inusuales o sospechosas. En contexto, la UAFE funciona como un organismo de análisis: recibe reportes de múltiples sectores y remite informes técnicos a la Fiscalía General del Estado cuando identifica indicios para investigaciones; también se reportan transacciones desde USD 10.000 (entre otros tipos de reportes).

FOCO REFORZADO EN PEP Y PLAZOS PARA ADUANA, SRI Y MINERÍA El reglamento incorpora debida diligencia reforzada para personas expuestas políticamente (PEP) funcionarios, ex autoridades y su círculo cercano como medida preventiva frente a riesgos de corrupción y crimen organizado. También establece tareas con plazos: el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas deberán emitir o actualizar normativa secundaria en 30 días.

El Gobierno de Colombia mantiene el 1 de febrero como fecha para la entrada en vigencia de los aranceles a productos ecuatorianos, anunció la canciller Rosa Villavicencio. Esto pese a los contactos diplomáticos para reducir la tensión bilateral. La ministra indicó en Bogotá que la aplicación «dependerá del trámite legal», pero reiteró el compromiso de diálogo, tras un breve encuentro en Panamá durante un foro económico regional. La tensión fue desatada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien impuso un arancel del 30% a importaciones colombianas, citando falta de reciprocidad en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Villavicencio sostuvo que Colombia ha brindado «toda la colaboración militar, de inteligencia y formación» a Ecuador. Colombia considera «inexplicables» los motivos de la medida, que también incrementó la tarifa para transportar crudo por el oleoducto ecuatoriano (SOTE) de 3 a 30 dólares por barril. Entre los productos afectados por la retaliación colombiana se incluyen alimentos como frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado y envases. La situación se enmarca en otras medidas, como la suspensión temporal de venta de energía eléctrica de Colombia a Ecuador, priorizando el abastecimiento interno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Consulado del Ecuador en Minneapolis da seguimiento a ciudadanos ecuatorianos detenidos por motivos migratorios tras operativos de control en esa ciudad estadounidense. La Cancillería detalló que sus consulados en EE.UU. mantienen líneas de emergencia 24/7 y comunicación con el Servicio de Inmigración (ICE) para obtener información oficial y dar seguimiento a los procesos judiciales.

En casos específicos como los de Elvis Joel Tipán y su hija menor, y de Rosa Florinda Llangari y su hijo, el Consulado contactó a ICE para confirmar su condición migratoria, monitorear su situación y brindar apoyo Se informa que la menor de dos años está junto a su madre en Minneapolis. Sobre el caso del menor L.C.R. y sus padres, se contactó a familiares en Ecuador y se ofreció asistencia social y psicológica. El cónsul en Houston conversó con el padre, quien manifestó no requerir asistencia consular.

El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo No. 288, con el que dispuso que los ministerios del Interior y de Defensa Nacional analicen y, “de ser procedente”, declaren situación de emergencia para adquirir bienes y servicios vinculados a la defensa, la protección interna y el mantenimiento del orden público. El decreto señala que ambas carteras deberán actuar de manera independiente y, de considerarlo necesario, emitir resoluciones motivadas bajo el marco de la Ley de Contratación Pública y su reglamento.

Además, encarga la ejecución del decreto en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y el SERCOP (Servicio Nacional de Contratación Pública). En el documento se recuerda que, para contratar en emergencia, la máxima autoridad de cada entidad debe emitir una resolución no delegable y publicarla de inmediato en el portal de compras públicas; además, la declaratoria no puede durar más de 60 días, con ampliación solo en casos excepcionales. La decisión se da en medio del refuerzo operativo del Gobierno en varias provincias del país. La medida se enmarca en el despliegue de fuerzas y operativos anunciados por el Ejecutivo. De hecho, el Ministerio de Defensa informó sobre la movilización de cerca de 10.000 militares como parte de una ofensiva contra estructuras criminales.

Once hospitales de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas fueron abastecidos con más de USD 5,9 millones en medicamentos e insumos médicos durante la primera fase de distribución del 2026, ejecutada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) a través de su sistema de compra centralizada. La entrega, coordinada por la Coordinación Zonal 4 de Salud, se realizó entre el 6 y el 12 de enero y permitió dotar a los establecimientos de 3,6 millones de fármacos y 2,3 millones de dispositivos médicos, destinados a fortalecer la atención en áreas clave del sistema hospitalario. De acuerdo con la autoridad sanitaria, los insumos están orientados principalmente a garantizar el tratamiento de pacientes con patologías crónicas, infecciosas e inmunitarias, así como enfermedades cardiovasculares, trastornos del sistema nervioso, afecciones digestivas y dermatológicas, que requieren medicación permanente y seguimiento médico constante.

Entre los hospitales beneficiados constan el Hospital de Especialidades Portoviejo y los hospitales generales Verdi Cevallos Balda, Rafael Rodríguez Zambrano, Miguel Hilario Alcívar, Napoleón Dávila Córdova, Gustavo Domínguez Zambrano y General Santo Domingo. También fueron incluidos los hospitales básicos Francisco Vásquez Balda, Jipijapa, San Andrés y Pichincha. Los dispositivos médicos entregados serán utilizados en áreas como emergencia, hospitalización, consulta externa y quirófano, con el fin de asegurar una atención integral y segura para los pacientes que acuden a estos centros de salud. Desde el MSP se informó que esta acción responde al compromiso del Gobierno Nacional de garantizar el abastecimiento oportuno y continuo de insumos médicos. Además, la planificación contempla futuras fases de distribución durante 2026.

Antes de que se termine el año, el 31 de diciembre, el Presidente de la República modificó el reglamento de minería. Entre los cambios más importantes están el cálculo de regalías, la transferencia de concesiones, las condiciones contractuales y la eliminación de concesiones. ¿Qué implican estas medidas? El decreto redefine la fórmula para calcular las regalías. Ese cálculo dependerá del tamaño del proyecto y del tipo de metal. Las concesiones de oro y plata deberán pagar sobre sus ingresos brutos, lo que significa que ya no podrán descontar gastos como los de refinación y transporte. En el caso del cobre, se podrán descontar algunos gastos dependiendo del tamaño del proyecto. En 2025 se proyectó exportar USD 4 mil millones en minerales, con un pago de tributos de USD 1 100 millones, y con estas reformas los ingresos para el Estado se incrementarían.

El reglamento también abre un candado que impedía que las titulares de derechos mineros pudieran hacer transferencias parciales de esas concesiones. Esto impedía que concesiones mineras pudieran realizar cesiones parciales y se ha señalado que esta posibilidad facilitará la llegada de inversiones para el desarrollo de los proyectos. Un cambio polémico es que el Estado podrá, en la etapa precontractual, disponer la revisión, modificación o renegociación de los términos, condiciones y cláusulas previamente acordadas. Se justifica señalando que se lo hará para precautelar los intereses del Estado, pero desde el sector privado se lo entiende como un eventual elemento de inseguridad jurídica que frenaría inversiones. Pero quizá lo que más preocupa a la industria es la posibilidad de que el Estado declare la extinción de pleno derecho de cualquier concesión minera si, tras cuatro años de entregada dicha concesión, la empresa, por causas que le sean imputables, no ha obtenido los permisos.

Las intensas lluvias de este viernes 9 de enero del 2025 provocaron el desbordamiento del río Loco, en el sector de San Carlos, confirmó el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Debido al desbordamiento del río se cerró el tránsito vehicular en la vía E45, en El Chaco (Napo) y el límite provincial con Sucumbíos, indicó el organismo. Este viernes en la Amazonía se registran fuertes lluvias, indicó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inamhi. Las precipitaciones se sentirán con mayor intensidad en las provincias de Napo, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.

De acuerdo con el Inamhi, las fuertes lluvias en la zona pueden favorecer el desbordamiento de ríos, deslizamiento de tierra y la presencia de tormentas eléctricas. El ECU 911 mostró en un video cómo el incremento en el caudal del río Loco provocó que los vehículos que circulan por la E45 no puedan hacerlo. La zona de San Carlos es una de las afectadas por la erosión del río Quijos. Como vía alterna para avanzar a Sucumbíos, las autoridades recomendaron a los conductores circular por la ruta “Y” de Baeza – Narupa – Coca – Lago Agrio.

El presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció este sábado en redes sociales sobre la crisis en Venezuela y aseguró que “a todos los criminales narco chavistas les llega su hora”, al tiempo que expresó respaldo a María Corina Machado, Edmundo González y “al pueblo venezolano”, a quienes dijo que “es momento de recuperar su país” y que “tienen un aliado en Ecuador”.

El Primer Mandatario subrayó en su mensaje que “su estructura terminará de caer en todo el continente”, refiriéndose a quienes están vinculados al chavismo. El mensaje fue difundido luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que fuerzas estadounidenses realizaron una operación en territorio venezolano que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes según esa versión fueron sacados del país. De acuerdo con reportes internacionales, la acción incluyó ataques en Caracas y otras zonas, generó explosiones y afectaciones de servicios en sectores de la capital, mientras el Gobierno venezolano denunció una “agresión” y declaró medidas de emergencia.

Desde este 1 de enero de 2026 entró en vigencia la aplicación del impuesto del 1 % al envío de remesas que se hagan desde Estados Unidos. Este impuesto aplica para el dinero que se envía en efectivo, giros postales o cheques, pero no para transferencias digitales. Para Ecuador, las remesas significan la tercera fuente de ingresos de divisas. En 2024, sumaron USD 6 538 millones, de los cuales USD 4 804 millones llegaron desde Estados Unidos.

Las provincias que más reciben remesas son Guayas, Pichincha, Azuay y Cañar. El analista económico Jorge Calderón considera que, a partir de enero, este impuesto podría alterar el comportamiento de envío, sobre todo en los canales más tradicionales. “Canales informales, enviarlos como algún migrante o inclusive aquellas que la misma norma norteamericana ha establecido como excepciones, y esto es transferencias digitales a través de tarjetas de crédito o débito que no van a estar penalizadas”, analizó.

El Ministerio de Energía y Ambiente investiga el presunto uso de pirotecnia en las Islas Galápagos la madrugada de este 1 de enero de 2026, a propósito de las celebraciones de Año Nuevo. La cartera de Estado tomó procedimiento tras denuncias ciudadanas y encontró “indicios del presunto uso de pirotecnia”.

Las autoridades encontraron que “los hechos estarían relacionados con la embarcación Fusion 3”. El Ministerio de Ambiente y Energía a través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, se encuentra levantando los informes técnicos y administrativos correspondientes, conforme a la normativa ambiental vigente. El uso de pirotecnia está totalmente prohibido en Galápagos. En diciembre de 2024, el Municipio de Santa Cruz fue sancionado con USD 2 484 por infringir la normativa.