AEADE rechaza exigencia de salvoconducto para vehículos nuevos en Manta

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) expresó su rechazo a la exigencia de un salvoconducto para la circulación de vehículos nuevos no matriculados en el cantón Manta y solicitó a la Empresa Pública Municipal de Movilidad suspender los controles y posibles retenciones relacionados con esta medida. 

Mediante un oficio dirigido a la gerente general encargada de Movilidad de Manta EP, el presidente ejecutivo de AEADE, Genaro Baldeón, sostuvo que la normativa nacional ya establece como documentos habilitantes la guía de remisión y otros mecanismos regulados por la Agencia Nacional de Tránsito, por lo que considera que el salvoconducto representa una duplicación de trámites. 

El gremio también cuestionó la legalidad del cobro asociado al documento, argumentando que tendría naturaleza de tasa y que su creación requeriría una ordenanza municipal. Además, señaló que la retención de vehículos por no portar el salvoconducto carecería de sustento legal. 

AEADE solicitó dejar sin efecto la exigencia, suspender los operativos relacionados con esta disposición y abrir una mesa de diálogo con la participación de las autoridades nacionales de tránsito. Asimismo, advirtió que, de mantenerse la medida, se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales para defender los intereses de las empresas del sector. 

HRW pide proteger a funcionarios judiciales tras el asesinato de una fiscal en Manta

La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este martes al Gobierno de Ecuador adoptar «medidas urgentes» para proteger a jueces y fiscales, después del asesinato el pasado domingo de la fiscal Alexandra Bravo en la ciudad costera de Manta, y reclamó una investigación «rápida, creíble e imparcial» sobre el crimen.  

El organismo de derechos humanos señaló en un comunicado que Bravo, asesinada junto a su hermana, es la tercera fiscal asesinada en Manta desde 2022. La fiscal llevaba casos relacionados con homicidios, secuestros y crimen organizado en la provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por la actividad criminal que azota al país en los últimos años.  

«El asesinato de la fiscal Bravo es una tragedia, pero lamentablemente no es un hecho aislado en Ecuador», afirmó la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, quien sostuvo que el Gobierno del presidente Daniel Noboa debe «dejar de tratar al sistema de justicia como un asunto secundario» y proporcionar a sus funcionarios «la protección y los recursos que necesitan con urgencia».  

HRW recordó que otros dos funcionarios de la Fiscalía fueron asesinados en mayo de este año y citó datos del Observatorio de Derechos y Justicia ecuatoriano que señalan que al menos 26 jueces, fiscales y otros trabajadores del sistema judicial han sido asesinados en Ecuador desde 2020. «Los jueces y fiscales en Ecuador suelen carecer de las herramientas y medidas de seguridad más básicas necesarias para investigar a los grupos del crimen organizado», señaló la organización, que urgió al Gobierno a «implementar un sistema integral de evaluación de riesgos», proporcionar protección efectiva a los funcionarios amenazados y cubrir las más de mil vacantes existentes entre jueces y fiscales.  

«Es poco probable que Ecuador logre poner fin a su espiral de violencia si no adopta medidas urgentes para proteger a los mismos funcionarios que investigan a los grupos criminales», añadió Goebertus. Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado, que han sido denominadas como «terroristas» y a quienes se les atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años.  

Pese a esa declaratoria, el país andino registró en 2025 un récord de 9.281 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.