Ecuador e Israel acordaron este miércoles 5 de agosto en Quito iniciar negociaciones para un tratado de libre comercio, durante la visita del canciller israelí

La Fiscalía General del Estado advirtió que el déficit de fiscales es una problemática que persiste en Ecuador y que crece año a año. Por ejemplo, en 2025 el déficit de fiscales era de 630 y este miércoles 5 de agosto de 2026, el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón dijo a Teleamazonas que la entidad requiere incorporar 681 fiscales, además de secretarios y asistentes. Ante este escenario, la Fiscalía solicitó al Consejo de la Judicatura una autorización para contratar agentes fiscales temporales y sus respectivos equipos de apoyo para reforzar la capacidad de respuesta de la institución.

Según explicó Alarcón, la falta de fiscales es un problema que se arrastra desde hace varios años y limita la capacidad institucional para investigar los delitos. Pues los agentes tienen casos represados y una alta carga procesal. Por ello, además de la autorización del Consejo de la Judicatura, Alarcón dijo que la Fiscalía está «coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas para que nos puedan dar recursos para salir de esa problemática».

¿POR QUÉ PERSISTE EL DÉFICIT? Un factor que afecta para que se mantenga el déficit de fiscales es que desde el 2015, el Consejo de la Judicatura no ha desarrollado concursos para la selección de nuevos fiscales, pese a los reiterados pedidos de la Fiscalía. Otro de los problemas es la falta de presupuesto. Alarcón asegura que el presupuesto asignado para 2026 asciende a 138,3 millones de dólares.

Los valores que alarmaron a propietarios de vehículos de varias provincias entre el 4 y 5 de agosto de 2026 no eran deudas reales, sino simulaciones de la calculadora de la Contribución Especial por Mejoramiento Vial  (CEM Vial) de la Prefectura de Manabí. Así lo aclaró Andrés Ortiz, director de Cooperación y vocero de la CEM. La plataforma permitía consultar cualquier placa del país y mostraba montos como “pago pendiente”, con formas de pago y advertencias de intereses, sin explicitar que se trataba de una simulación. Esto generó confusión, sobre todo entre quienes no habían matriculado en Manabí.

El 5 de agosto, tras recibir más de 200 consultas, la Prefectura modificó el portal: ahora pregunta si el vehículo se matriculará en Manabí; si la respuesta es negativa, no arroja cálculo. Además, se añadió un mensaje que aclara que el valor solo se convierte en obligación al matricular en uno de los cantones manabitas. Ortiz recalcó que consultar la placa no genera deuda alguna. Si algún ciudadano pagó por error, puede solicitar devolución.

La calculadora se nutre del valor de matriculación reportado por el SRI, a través de un servicio web con la ANT, sin revelar datos personales. Sin embargo, el experto en seguridad informática Bruno Sánchez recomendó que la Superintendencia de Protección de Datos indague si el acceso se limitaba solo a vehículos de Manabí, ya que el sistema consultó placas de todo el país. Aclaró que no implica vulneración, pero se deben revisar los convenios y filtros.