Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan más de 100 años de prisión si la justicia estadounidense los declara culpables de los graves delitos que se les imputan. Actualmente detenidos en Nueva York, el principal cargo es conspiración de narcoterrorismo, vinculándolos con el financiamiento de actividades criminales a través del tráfico de drogas. La acusación señala que el régimen venezolano sirvió como plataforma para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos, implicando también al llamado Cártel de los Soles. Además, Maduro es acusado de posesión y conspiración para usar armas de guerra. El abogado penalista Andy Carrión explicó que las penas se acumulan: «Por narcotráfico internacional podría recibir 40 o 50 años, y por narcoterrorismo otros 30 o 40. Solo con eso ya se llega a los 100 años».

Según Carrión, Maduro no solo permitió, sino que organizó una estructura criminal con participación de funcionarios y militares. Cilia Flores también enfrenta cargos por cobro de sobornos, facilitar vuelos con droga y corrupción desde el poder. «Podría recibir una pena similar a la de Maduro», advirtió el penalista. Carrión añadió que Estados Unidos busca «descabezar» la presunta organización criminal en el poder venezolano, y no descarta que más funcionarios sean imputados. En la audiencia del 5 de enero, la defensa no pidió la liberación, pero anunció una futura solicitud de fianza. El próximo juicio está programado para el 17 de marzo. La esposa del exmandatario también está hasta el cuello. A Cilia Flores se la acusa de cobrar sobornos, facilitar vuelos cargados de droga y promover actos de corrupción desde el corazón del poder venezolano. “Ella tenía un rol clave dentro del Ejecutivo. Dependiendo de lo que pruebe el tribunal, podría recibir una pena similar a la de Maduro”, advirtió el penalista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado una “emergencia nacional” para resguardar en cuentas del Tesoro estadounidense los recursos generados por la venta de petróleo de Venezuela. La decisión impide que esos fondos sean objeto de reclamos por parte de acreedores de la deuda externa venezolana mientras permanezcan bajo custodia del Gobierno norteamericano. Según explicó la Casa Blanca, la orden ejecutiva tiene como objetivo evitar la incautación de ingresos que, a juicio de Washington, podrían afectar los esfuerzos de Estados Unidos por promover la estabilidad política y económica en Venezuela. El decreto establece que los recursos petroleros depositados en territorio estadounidense quedan protegidos frente a acciones judiciales privadas.

El texto presidencial bloquea cualquier tipo de embargo, fallo, gravamen o proceso de ejecución sobre esos fondos, y además restringe su transferencia o negociación. La administración estadounidense sostiene que el dinero conserva su carácter de propiedad soberana venezolana, aunque permanezca bajo administración temporal de EE.UU.  con fines diplomáticos y gubernamentales. La medida se conoció un día después de una reunión entre Trump y altos ejecutivos del sector energético, a quienes el mandatario ofreció garantías de seguridad y respaldo oficial para impulsar inversiones a gran escala en Venezuela. El plan apunta a atraer hasta 100.000 millones de dólares en capital privado para reactivar la industria petrolera del país sudamericano. Washington también argumenta que permitir embargos sobre esos ingresos pondría en riesgo prioridades estratégicas de su política exterior, como el control de la migración irregular y del narcotráfico. El trasfondo del conflicto se remonta a las expropiaciones realizadas durante el gobierno de Hugo Chávez.