MANABITA REPORTADO COMO SECUESTRADO EN PLAYAS FUE ENCONTRADO SIN VIDA

Un manabita que fue secuestrado en el cantón General Villamil Playas fue hallado sin vida el 15 de abril, según reportes preliminares.

Se trata de César Leonardo Plúa Marcillo, funcionario de Hidroplayas EP, quien habría sido
interceptado por desconocidos el 14 de abril, alrededor de las 13h00, mientras se encontraba junto a su hijo. Las causas del crimen permanecen bajo investigación.

SECUESTRO OCURRIDO A PLENA LUZ DEL DÍA: El hecho se registró en el cantón General Villamil Playas, en la provincia del Guayas. De acuerdo con la información disponible, Plúa Marcillo fue abordado por sujetos no identificados en horas de la tarde, en un suceso que ocurrió en presencia de su hijo.

Tras el secuestro, familiares y allegados iniciaron una búsqueda informal mientras aguardaban información oficial. Sin embargo, no se reportaron llamadas ni solicitudes de dinero.

HALLAZGO DEL CUERPO Y PRIMERAS PERICIAS: Posteriormente, el cuerpo del funcionario fue localizado sin vida. Informes preliminares indican que presentaba signos de violencia, incluyendo evidencias de haber estado atado, lo que forma parte de las diligencias que desarrollan las autoridades competentes. El hallazgo confirmó el desenlace fatal del caso, generando consternación tanto en Jipijapa, de donde era oriundo, como en el cantón Playas, donde ocurrió el hecho.

INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA: Este caso se suma a otros hechos violentos registrados en la provincia del Guayas en los últimos meses. En particular, los secuestros han sido reportados como una de las modalidades delictivas que han generado mayor preocupación entre los ciudadanos.

Aunque las autoridades no han detallado hipótesis oficiales sobre este crimen, han indicado que las investigaciones siguen en curso. La recopilación de evidencias, así como el análisis de testimonios, será clave para esclarecer lo sucedido y ubicar a los responsables.

40 años de prisión para cinco implicados en una masacre al interior de una gallera

Un tribunal dictó la pena máxima permitida por la ley ecuatoriana contra cuatro hombres y una mujer. Los procesados fueron hallados culpables del ataque armado perpetrado en 2025, el cual dejó 12 víctimas mortales. 

La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia de 40 años de cárcel en contra de cinco personas vinculadas a la masacre ocurrida el año pasado en la gallera La Fortaleza, ubicada en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. El ataque dejó un saldo de 12 víctimas mortales, incluyendo a un adolescente de 14 años.  
 
El Tribunal Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado declaró culpables a Víctor V., Carlos M., Diego M. y Franklin V. en calidad de autores por los delitos concurrentes de asesinato y tráfico de armas. Por su parte, María Q. fue sentenciada a la misma pena de 40 años en calidad de cómplice. Durante la audiencia, el fiscal del caso demostró la existencia de agravantes que elevaban la pena original a 65 años de reclusión.  
 
Sin embargo, los magistrados ajustaron la condena a 40 años, acatando el límite máximo de acumulación de penas que establece la legislación ecuatoriana vigente. Los hechos ocurrieron la noche del 17 de abril de 2025. Un grupo de aproximadamente 15 personas, vistiendo indumentaria táctica similar a la utilizada por las fuerzas militares y policiales, irrumpió de forma violenta en las instalaciones de La Fortaleza.  
 
Portando armas de fuego de largo alcance, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra los presentes antes de darse a la fuga. La alerta inmediata permitió a la Policía Nacional desplegar un operativo en la zona, logrando la captura en flagrancia de los ahora sentenciados.  
 
Al momento de su aprehensión, las autoridades decomisaron un fuerte arsenal que sirvió como prueba material durante el proceso: 

Siete fusiles 

Cuatro pistolas 

Tres escopetas 

Más de 150 municiones de distintos calibres 

En la etapa de juicio, la Fiscalía sustentó su acusación con los testimonios de los agentes que ejecutaron las capturas, informes de reconocimiento del lugar, actas de levantamiento de los doce cadáveres y los respectivos protocolos de autopsia. 
 
Además, fue clave la pericia de extracción de videos de cámaras de seguridad y el análisis balístico practicado a las armas incautadas, lo que vinculó directamente el armamento con la escena del crimen.