Marino: Su red Narco en puertos y la organización criminal que lo silenció
El asesinato de Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino, la noche del 7 de enero en una exclusiva urbanización de Samborondón, es una de sus primeras y más contundentes evidencias.
Alrededor de 15 hombres vestidos como policías y militares irrumpieron en la urbanización Mocolí Golf Club. En una operación de apenas cinco minutos, ejecutaron a Marino y a sus dos acompañantes, Jefferson Xavier Sanlon Olivero y Richard Josué Mina Vergara (todos con antecedentes), e hirieron a dos guardias.
El coronel Javier Egas, jefe del distrito, detalló que los atacantes fueron directamente a la cancha donde los tres, que no residían allí, jugaban deporte por invitación. “Los ahuyentaron disparando al aire”, precisó.
Una fuente policial indicó que Marino era seguido desde hacía tres años, vinculado a Los Lagartos y al control de actividades ilícitas en el sur portuario de Guayaquil, donde presuntamente “contaminaba embarcaciones con droga”. Se le señalaba como autor intelectual de varios crímenes, incluido el del exagente José Luis Cantuña en 2025, en medio de disputas por territorio.
Pese a su alto perfil, no tenía boletas de captura vigentes y, según análisis migratorios, habría pasado tiempo en Dubái, manteniendo un elevado poder económico. El hecho encaja en el diagnóstico de analistas consultados por EXTRA. Manta, Viernes 09 Enero 2026 Kléber Carrión señaló que la fragmentación eleva la violencia al impulsar luchas internas.
Nelson Yépez apuntó a alianzas móviles, donde cambiar de bando es táctica, no traición. Renato Rivera, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, explicó que los vacíos de liderazgo generan estructuras más volátiles y agresivas.
Entre hechos de violencia y el silencio de las ausencias
Puerto López, la emblemática localidad turística del sur de Manabí, ha visto transformada su postal de mar y pesca artesanal en un escenario de incertidumbre, misterio y dolor.
Una ola de violencia y desapariciones que estalló a finales de 2025 mantiene en vilo a su población. El punto de quiebre fue el 27 de diciembre. Primero, el brutal asesinato de los hermanos Angelo y Erwin Véliz Guale, alias Gallero, en un consultorio médico del centro.
Horas después, al regresar de su velorio, desapareció sin dejar rastro Alina Pihuave, de 19 años, exreina de la localidad, quien habría mantenido un vínculo sentimental con una de las víctimas. El comandante policial Geovanny Naranjo vinculó ambos hechos, señalando que los hermanos Véliz serían cabecillas de Los Choneros y que su muerte responde a una fragmentación interna del grupo. La violencia escaló un día después con la matanza de seis personas en el malecón.
El drama más desgarrador se vive en la familia de Alina. Sus padres, Byron Pihuave y Mayra Narváez, rompieron el silencio con un mensaje público: «Hoy se cumplen nueve días de angustia y de un silencio doloroso de las autoridades… Ayúdennos a traer a nuestra hija de vuelta a casa». Suplican una búsqueda intensiva a la Gobernación y al Presidente. Ese mismo 27 de diciembre desaparecieron otras dos personas: Kevin Alexander Franco, un barbero colombiano residente, y Luis José Chávez, un comerciante venezolano.
Las coincidencias han encendido las alarmas entre los ciudadanos, que ya no ven hechos aislados sino una cadena siniestra. Pese al terror, Puerto López registró un 90% de ocupación hotelera en Fin de Año, un repunte posible por los operativos conjuntos de Policía y Fuerzas Armadas.
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MADURO Y SU ESPOSA PODRÍAN SER SENTENCIADOS A MÁS DE 100 AÑOS DE CÁRCEL EN EE.UU.
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan más de 100 años de prisión si la justicia estadounidense los declara culpables de los graves delitos que se les imputan. Actualmente detenidos en Nueva York, el principal cargo es conspiración de narcoterrorismo, vinculándolos con el financiamiento de actividades criminales a través del tráfico de drogas. La acusación señala que el régimen venezolano sirvió como plataforma para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos, implicando también al llamado Cártel de los Soles. Además, Maduro es acusado de posesión y conspiración para usar armas de guerra. El abogado penalista Andy Carrión explicó que las penas se acumulan: «Por narcotráfico internacional podría recibir 40 o 50 años, y por narcoterrorismo otros 30 o 40. Solo con eso ya se llega a los 100 años».
Según Carrión, Maduro no solo permitió, sino que organizó una estructura criminal con participación de funcionarios y militares. Cilia Flores también enfrenta cargos por cobro de sobornos, facilitar vuelos con droga y corrupción desde el poder. «Podría recibir una pena similar a la de Maduro», advirtió el penalista. Carrión añadió que Estados Unidos busca «descabezar» la presunta organización criminal en el poder venezolano, y no descarta que más funcionarios sean imputados. En la audiencia del 5 de enero, la defensa no pidió la liberación, pero anunció una futura solicitud de fianza. El próximo juicio está programado para el 17 de marzo. La esposa del exmandatario también está hasta el cuello. A Cilia Flores se la acusa de cobrar sobornos, facilitar vuelos cargados de droga y promover actos de corrupción desde el corazón del poder venezolano. “Ella tenía un rol clave dentro del Ejecutivo. Dependiendo de lo que pruebe el tribunal, podría recibir una pena similar a la de Maduro”, advirtió el penalista.
ESTADOS UNIDOS DECLARA EMERGENCIA PARA RESGUARDAR FONDOS DEL PETRÓLEO VENEZOLANO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado una “emergencia nacional” para resguardar en cuentas del Tesoro estadounidense los recursos generados por la venta de petróleo de Venezuela. La decisión impide que esos fondos sean objeto de reclamos por parte de acreedores de la deuda externa venezolana mientras permanezcan bajo custodia del Gobierno norteamericano. Según explicó la Casa Blanca, la orden ejecutiva tiene como objetivo evitar la incautación de ingresos que, a juicio de Washington, podrían afectar los esfuerzos de Estados Unidos por promover la estabilidad política y económica en Venezuela. El decreto establece que los recursos petroleros depositados en territorio estadounidense quedan protegidos frente a acciones judiciales privadas.
El texto presidencial bloquea cualquier tipo de embargo, fallo, gravamen o proceso de ejecución sobre esos fondos, y además restringe su transferencia o negociación. La administración estadounidense sostiene que el dinero conserva su carácter de propiedad soberana venezolana, aunque permanezca bajo administración temporal de EE.UU. con fines diplomáticos y gubernamentales. La medida se conoció un día después de una reunión entre Trump y altos ejecutivos del sector energético, a quienes el mandatario ofreció garantías de seguridad y respaldo oficial para impulsar inversiones a gran escala en Venezuela. El plan apunta a atraer hasta 100.000 millones de dólares en capital privado para reactivar la industria petrolera del país sudamericano. Washington también argumenta que permitir embargos sobre esos ingresos pondría en riesgo prioridades estratégicas de su política exterior, como el control de la migración irregular y del narcotráfico. El trasfondo del conflicto se remonta a las expropiaciones realizadas durante el gobierno de Hugo Chávez.
EXCONCEJAL TSÁCHILA ATRAPADO EN SU INTENTO DE FUGA HACIA VENEZUELA: ¿POR QUÉ ERA BUSCADO?
La captura de Miguel Morocho Rodríguez, exconcejal de Santo Domingo de los Tsáchilas, cierra meses de búsqueda. Prófugo desde septiembre de 2025 por tentativa de asesinato, había evadido a las autoridades ecuatorianas, saliendo del país hacia Colombia. Fue localizado al intentar cruzar la frontera hacia Venezuela por el puesto de control La Unidad – Puente Internacional Atanasio Girardot, en Villa del Rosario.
La detención se logró gracias al intercambio de alertas migratorias entre Ecuador y Colombia, el trabajo del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional y la cooperación internacional. El ministro del Interior, John Reimberg, reafirmó la determinación del Gobierno de localizar a los prófugos: «Escóndanse donde se escondan, los encontramos y los pondremos en el lugar donde merecen: la cárcel». Morocho Rodríguez será puesto a órdenes de la justicia ecuatoriana.
LA MINISTRA MANZANO ES CLARA: EL FALLO NO ES RETROACTIVO LOS PROYECTOS ELÉCTRICOS CONTINÚAN
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó que la resolución de la Corte Constitucional sobre el sector eléctrico “no es retroactiva”. El Gobierno trabajará para viabilizar los proyectos en trámite, bajo los criterios de la Corte. La prioridad es garantizar el servicio eléctrico y sumar energía firme y renovable. El Ministerio ratificó su compromiso con la seguridad energética y un entorno de inversión “transparente, estable y competitiva”.
Aclaró que la sentencia no impide el desarrollo de proyectos y que sus efectos son hacia el futuro, sin afectar delegaciones previas. Los contratos vigentes mantienen su validez. Como medidas inmediatas, se impulsará una reforma legal para definir con claridad las condiciones de una delegación excepcional, dando certeza jurídica a futuros proyectos. En paralelo, se reformará estructuralmente el marco normativo del sector para mejorar la planificación, transparencia y transición energética. La meta: más energía confiable para los ciudadanos.
EL ALZA DEL CONSUMO EN 2025 FUE DETERMINANTE PARA REDUCIR LA POBREZA NACIONAL AL 21,4 %
La pobreza, según el Gobierno, va a la baja. La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC muestra que un 21,4 % de los ecuatorianos vive en situación de pobreza, frente al 28 % que lo hacía en diciembre de 2024. Reducción que, de acuerdo con datos oficiales, va de la mano con mejoras en indicadores laborales. Según el director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES), José Hidalgo, la cifra responde a una recuperación económica en 2025; sin embargo, su magnitud es cuestionable. “No es estadísticamente significativa, esto que significa, que esa variación todavía puede estar dentro de los márgenes de error de la encuesta».
Jorge Calderón coincide en que el crecimiento económico para 2025 era previsible, pues fue un año importante para el consumo. Apunta a que el crecimiento de las exportaciones y del sector productivo fue vital para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. “Son sectores productivos que, al estar creciendo, arrastran a que se generen puestos de empleo y ayuda también a la reducción de desempleo”. Según el INEC, el empleo adecuado presenta una recuperación de 4,1 puntos, llegando al 37,1 %. El subempleo bajó del 24,5 % al 17,4 %, y el desempleo llegó al 2,6 %. “El número total de personas con empleo, ya sea con empleo adecuado, inadecuado, formal, informal, prácticamente se mantuvo estable». Mientras que Jorge Calderón, economista, dice: “Hay que estar pendiente de cómo evoluciona en el tiempo, si hay esa consistencia”. La reducción en los niveles de pobreza responde también a una mejora en el ingreso promedio de los trabajadores con empleo pleno, ya que el salario mínimo subió de USD 436 a USD 498.
GOBIERNO MODIFICA EL REGLAMENTO DE MINERÍA Y REDEFINE REGLAS PARA CONCESIONES Y REGALÍAS
Antes de que se termine el año, el 31 de diciembre, el Presidente de la República modificó el reglamento de minería. Entre los cambios más importantes están el cálculo de regalías, la transferencia de concesiones, las condiciones contractuales y la eliminación de concesiones. ¿Qué implican estas medidas? El decreto redefine la fórmula para calcular las regalías. Ese cálculo dependerá del tamaño del proyecto y del tipo de metal. Las concesiones de oro y plata deberán pagar sobre sus ingresos brutos, lo que significa que ya no podrán descontar gastos como los de refinación y transporte. En el caso del cobre, se podrán descontar algunos gastos dependiendo del tamaño del proyecto. En 2025 se proyectó exportar USD 4 mil millones en minerales, con un pago de tributos de USD 1 100 millones, y con estas reformas los ingresos para el Estado se incrementarían.
El reglamento también abre un candado que impedía que las titulares de derechos mineros pudieran hacer transferencias parciales de esas concesiones. Esto impedía que concesiones mineras pudieran realizar cesiones parciales y se ha señalado que esta posibilidad facilitará la llegada de inversiones para el desarrollo de los proyectos. Un cambio polémico es que el Estado podrá, en la etapa precontractual, disponer la revisión, modificación o renegociación de los términos, condiciones y cláusulas previamente acordadas. Se justifica señalando que se lo hará para precautelar los intereses del Estado, pero desde el sector privado se lo entiende como un eventual elemento de inseguridad jurídica que frenaría inversiones. Pero quizá lo que más preocupa a la industria es la posibilidad de que el Estado declare la extinción de pleno derecho de cualquier concesión minera si, tras cuatro años de entregada dicha concesión, la empresa, por causas que le sean imputables, no ha obtenido los permisos.
